Como profesores, no vamos a guardar silencio frente a un acontecimiento que ha generado toda una crítica razonable frente a la obtención de un título universitario de tercer nivel por parte de la primera dama en un tiempo récord.
Frente a lo cual solicitamos abrir a los organismos competentes un proceso serio y apegado a la ley sobre la transparencia, rigor académico y la igualdad de condiciones en el acceso a la educación superior en el Ecuador.
La universidad involucrada, mediante comunicado oficial, ha señalado que el proceso se realizó bajo lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Régimen Académico, relacionado con la validación del ejercicio profesional o trayectoria profesional.
Este mecanismo permite reconocer conocimientos y competencias adquiridas mediante experiencia laboral, siempre y cuando se cumplan requisitos académicos, administrativos y metodológicos establecidos por cada institución de educación superior. Por experiencia, señalamos que en los distintos programas universitarios de validación profesional, entre los requisitos que normalmente se solicitan, constan:
- Título de bachiller o acta de grado.
- Hoja de vida documentada.
- Certificados laborales notariados o historial laboral que acredite experiencia profesional mínima de cinco años.
- Historial del IESS, ISSFA o ISSPOL; o en su defecto RUC y certificados laborales.
- Planilla de servicios básicos.
- En algunos casos, certificación de suficiencia en inglés nivel B.
Por ello, la pregunta que surge legítimamente es: ¿realmente se presentaron y verificaron todos estos requisitos de manera rigurosa y transparente como se realiza con un ciudadano común?
También preocupa que, en medio de los cuestionamientos públicos sobre el trabajo de titulación presentado, la universidad haya realizado modificaciones en su repositorio digital. Esto no ayuda a despejar dudas; por el contrario, hace más necesaria una explicación transparente ante el país.
Esta realidad contrasta con la situación de miles de personas y, por señalar un ejemplo, el caso de los cientos de educadores comunitarios, fronterizos o de sectores rurales e interculturales, que por durante años han sostenido procesos educativos fundamentales sin recibir reconocimiento académico formal. A pesar de la amplia experiencia y trayectoria, siguen sin titularse en su tercer nivel (licenciatura) producto de las trabas y procesos burocráticos para validar sus conocimientos o por no contar con los recursos económicos suficientes para pagar estos procesos de convalidación.
Situación que permite colegir que, mientras para gran parte de la población obtener un título universitario implica años de esfuerzo y obstáculos, para ciertos sectores vinculados al poder de turno existe mayor flexibilidad y facilidades.
Por ello, demandamos a los organismos de control, CES, Viceministerio de Educación Superior, revisar este proceso con transparencia y rigurosidad, verificando desde los requisitos de ingreso y validación profesional hasta la calidad académica del trabajo presentado.
De igual forma, esperamos que este caso no esté relacionado con el pago de favores políticos por la entrega de organismos de dirección de la educación que en la actualidad se encuentran en manos de un grupo económico, como es de conocimiento público.