Ante la adjudicación de un contrato por USD 240,26 millones más IVA entre el Ministerio de Salud Pública, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Dedalus, que contempla la implementación de una plataforma tecnológica para la red pública de salud durante más de siete años.
La digitalización de los servicios públicos puede ser necesaria y beneficiosa para el país. Lo que no puede aceptarse es que, bajo el discurso de la modernización, se comprometan cientos de millones de dólares en un proceso que ha generado serios cuestionamientos sobre su costo, rapidez, garantías y transparencia. La Comunidad Estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional ha advertido, entre otros aspectos, que la empresa Dedalus no figura entre los proveedores evaluados por Gartner en su Cuadrante Mágico de junio de 2026 para historia clínica electrónica empresarial.
Más preocupante aún: mientras el Gobierno compromete USD 240 millones para este contrato, el Ministerio de Finanzas autorizó recortes por USD 21,62 millones a cinco programas del Ministerio de Salud, incluidos recursos destinados a formación de talento humano, infraestructura y equipamiento hospitalario y prevención de la desnutrición infantil. ¿Esta es la prioridad del Gobierno mientras hospitales y centros de salud enfrentan carencias de medicamentos, insumos e infraestructura?
La situación exige respuestas. Dedalus había presentado una propuesta de software por aproximadamente USD 117 millones más IVA, mientras la contratación final supera los USD 240 millones; además, su filial ecuatoriana consta en proceso de disolución y liquidación. El proceso fue convocado el 31 de agosto y adjudicado apenas ocho días después.
Desde la UNE exigimos transparencia y control sobre cada dólar de los recursos públicos. La salud, al igual que la educación, es un derecho y no puede convertirse en un espacio para negocios opacos ni para contratos acelerados mientras se recortan recursos de programas esenciales. El Gobierno debe explicar al país por qué se priorizan USD 240 millones para este contrato mientras se disminuyen recursos para atender las necesidades reales de la población.