Este lunes 20 de abril la Unión Nacional de Educadores desarrolló un plantón en los exteriores de la Gobernación del Azuay, donde expresamos nuestra solidaridad con la docente agredida en la provincia el pasado miércoles 15 de abril de 2026, un hecho que condenamos y que refleja la grave situación de vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra el magisterio ecuatoriano.
Denunciamos que, frente a este lamentable suceso, según declaraciones en medios de la docente agredida, el Distrito de Educación correspondiente no ha mostrado la empatía necesaria ni se han activado los protocolos que permitan brindar una protección estatal e institucional. Este hecho evidencia una preocupante realidad: los docentes en el país se encuentran en estado de indefensión, enfrentando situaciones recurrentes de extorsión, amenazas, violencia psicológica y física sin respuesta alguna.
Resulta inaceptable que, en pocos días, la docente deba reincorporarse a la misma institución educativa donde fue víctima de agresión, sin garantías de seguridad ni medidas administrativas de protección y que desde el Ministerio de Educación no se hayan pronunciado frente a lo sucedido. Esta situación se repite con docentes que enfrentan intimidaciones, agresiones verbales, físicas o psicológicas, mientras las autoridades distritales evaden su responsabilidades y no cumplen con los procesos establecidos.
Desde la UNE exigimos de manera urgente que la ministra de Educación disponga de forma inmediata las medidas administrativas de protección necesarias en favor de la docente afectada, así como el cumplimiento estricto de los protocolos de actuación en casos de violencia.
Señalamos que por varias ocasiones se ha presentado denuncias públicas, así como en la Fiscalía General del Estado, sobre al menos dos docentes agredidos recientemente, y lamentamos profundamente que, desde enero de 2025 hasta abril de 2026, siete docentes hayan perdido la vida como consecuencia de la inseguridad que azota al país.
En este contexto de crecimiento de las violencias e inseguridad y frente a la nula acción estatal, responsabilizamos al Gobierno de Noboa por su falta de voluntad política al no atender el reiterado pedido del magisterio y su gremio, la UNE, de construir e implementar un plan integral de seguridad para los espacios educativos, los cuales, a la vez, deben estar libres de todo tipo de violencias durante los 200 días del año lectivo.
Nos resistimos a normalizar la violencia, ya que ser profesor en el Ecuador se ha convertido en una profesión de alto riesgo. La educación se encuentra en emergencia y es urgente que el Gobierno priorice recursos, acciones concretas y políticas públicas efectivas para garantizar la seguridad y la vida de quienes sostienen el sistema educativo.