La Unión Nacional de Educadores (UNE) expresa su rotundo rechazo a la reforma constitucional que permite la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, iniciativa que fue aprobada el día de ayer por la Asamblea Nacional.
En primer lugar, reafirmamos que el principio de soberanía nacional consagrado en la Constitución de la República del Ecuador prohíbe expresamente la instalación de bases extranjeras de carácter militar. Esto responde a una larga tradición latinoamericana de lucha contra el intervencionismo y de afirmación de la autodeterminación de los pueblos. Ceder ante intereses militares foráneos, bajo el pretexto de cooperación en seguridad, implica una peligrosa claudicación frente a políticas de militarización que históricamente han generado violencia, dependencia y despojo.
En segundo lugar, advertimos que la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional no garantiza la solución estructural de los problemas de inseguridad que atraviesa el país. Por el contrario, puede agudizar la conflictividad social, minar la confianza ciudadana y erosionar las posibilidades de construir una política de seguridad soberana, integral y con enfoque de derechos humanos.
Además, existen precedentes documentados que evidencian los efectos negativos de las bases militares extranjeras. Las experiencias en Hawái (EE.UU) y Vieques (Puerto Rico) muestran graves impactos ambientales. Se ha registrado contaminación por sustancias tóxicas, detonaciones, filtraciones petroquímicas y emisiones contaminantes. Estas operaciones han afectado ecosistemas frágiles y la salud de las comunidades locales. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Vieques se vulneraron derechos humanos y se comprometió el equilibrio ecológico. Estos casos deben servir de advertencia para Ecuador.
Desde la UNE, consideramos que los recursos y esfuerzos del Estado deben orientarse a fortalecer las instituciones públicas, entre ellas la educación, como pilar fundamental para la prevención de la violencia, la reconstrucción del tejido social y la promoción de una cultura de paz. Es imperativo invertir en escuelas seguras, en formación docente, en proyectos comunitarios y en políticas públicas que enfrenten las causas estructurales de la exclusión y la desigualdad, en lugar de alimentar lógicas militaristas que históricamente han fracasado.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad educativa, a los movimientos sociales, a las organizaciones de derechos humanos y a toda la ciudadanía consciente a mantenerse vigilantes y movilizados frente a cualquier intento de vulnerar nuestra soberanía y constitucionalidad. La historia latinoamericana nos ha demostrado que la paz no se construye con tanques ni con bases militares; sino con justicia social, soberanía educativa y autodeterminación de los pueblos.