La Unión Nacional de Educadores (UNE) exigió una investigación integral sobre la presunta venta de contratos y nombramientos docentes, por los que se habrían cobrado entre 1.500 y 5.000 dólares. La organización sostiene que las investigaciones no deben limitarse a los intermediarios, sino extenderse a toda la cadena administrativa, desde los distritos educativos hasta las autoridades nacionales, para determinar posibles responsabilidades.
Mediante el oficio UNE-2026-195-OF, dirigido a la ministra Gilda Alcívar, el gremio demandó una auditoría integral de Educa Empleo, la revisión de los procesos de contratación y asignación de partidas, y la identificación de posibles irregularidades en los mecanismos de selección y control.
La UNE también advirtió sobre la precariedad laboral del magisterio y recordó que, según cifras ministeriales de 2024-2025, 34.328 docentes fiscales mantenían contratos, por lo que exigió transparencia, estabilidad laboral y concursos de méritos y oposición.
Entre sus principales demandas constan la intervención de la Fiscalía y la Contraloría, la auditoría de los procesos de contratación entre 2023 y 2026, la protección de denunciantes y la instalación de una mesa técnica.
La organización enfatizó que combatir la corrupción no consiste únicamente en detener a los presuntos responsables, sino también en investigar y corregir las políticas públicas, los procedimientos burocráticos y las fallas institucionales que pudieron facilitar estas prácticas.
¡La educación no es un negocio y los nombramientos docentes no están en venta!
Comité Ejecutivo Nacional