La Unión Nacional de Educadores denunció persecución política en contra del gremio docente y sus dirigentes por parte del Gobierno, luego del cierre de sus cuentas bancarias institucionales.
Los hechos ocurren en medio de un contexto de creciente desgaste del Gobierno, procesos judiciales abiertos meses atrás contra dirigentes sindicales, entre ellos Andrés Quishpe, presidente de UNE Nacional y las problemáticas denunciadas como los cientos de docentes fueron obligados a asistir a un evento político convocado por el presidente, el deterioro de la infraestructura educativa en el régimen Costa – Galápagos, la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD).
Asimismo, en las dos últimas consultas populares, las posturas de UNE se impusieron frente al oficialismo y, en el marco de las movilizaciones del 1 de mayo, cientos de docentes participaron junto a organizaciones obreras y sociales exigiendo cambios en la política nacional.
La UNE, el 4 de mayo de 2026, recibió la notificación de una institución financiera que cita lo siguiente: “Es nuestro deber informarle que hemos recibido de la Superintendencia de Bancos y Seguros la instrucción de CANCELAR/CERRAR su(s) cuenta(s) corriente(s) de manera inmediata, por declaración de inhabilidad para girar cheques y abrir cuentas corrientes, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento General de la Ley de Cheques.”
La organización señaló que esta situación busca afectar el funcionamiento administrativo y financiero del gremio; sin embargo, continuará exigiendo la declaratoria de la educación pública en emergencia y defendiendo los derechos de las y los ecuatorianos.
Finalmente, Andrés Quishpe, presidente de UNE Nacional, hizo un llamado a las organizaciones sociales, populares, sindicales, de médicos, mujeres, trabajadores, ecologistas, artistas, al movimiento indígena a reconformar el Frente por la Vida, la Salud, Educación, IESS y Trabajo Digno frente al alza del precio de los combustibles y la defensa de los derechos y libertades.