La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó hoy, lunes 30 de junio, una demanda de acción pública de inconstitucionalidad, por la forma y el fondo, contra la Ley Orgánica de Integridad Pública ante la Corte Constitucional por vulnerar derechos y principios constitucionales de los ecuatorianos.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE Nacional, en rueda de prensa, denuncia que la reforma al artículo 81 de la LOSEP, crea restricciones injustificadas para acceder a la compensación jubilar elevando, indirectamente, de 60 a 65 años la edad mínima para acceder a la jubilación voluntaria de los servidores públicos: profesionales de la salud, educación, trabajadores de los GAD, servidores universitarios, entre otros. Es decir, quienes deseaban jubilarse voluntariamente entre los 60 y 64 años (cumpliendo los requisitos del IESS: 360 aportes a la seguridad social y 60 años de edad) ahora deben esperar cinco años más. Esto constituye un retroceso contrario al principio constitucional de progresividad de derechos. Además, advierte que la eliminación del artículo 89 de la LOSEP permite despidos arbitrarios y debilita el sistema de méritos.
La UNE también cuestiona que la ley criminaliza a la niñez y adolescencia al imponerles penas de adultos mientras que a los reclutadores se los deja al libre albedrío cuando ellos son los que deberían recibir severas sanciones. Además, demanda que se permita al Consejo de la Judicatura declarar en emergencia la Función Judicial y reemplazar jueces discrecionalmente, abriendo la puerta al control político del sistema judicial.
Finalmente, señala que la norma favorece a grandes empresarios con perdones tributarios. Por todo lo expuesto, la UNE convocó a una acción de movilización para el viernes 11 de julio que se concentrará en Quito, en la Casa del Maestro, desde las 09:00.
Sala de Prensa – UNE