El comunicado emitido el 01 de febrero de 2026 por la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el argumento del “orden jurídico”, ratifica el carácter autoritario del Gobierno y su política de criminalización de la protesta social. No olvidemos que el Fiscal de turno es un Fiscal de bolsillo de Noboa y está ahí, entre algunas cosas, por la inconstitucional Resolución N.º 072-2025 de 03 de octubre de 2025 del Consejo de la Judicatura (CJ), encabezado por Mario Godoy.
Resulta llamativo que, en un contexto de aumento de la crisis económica, salud y educación pública, crecimiento de las violencias estatales y de los GDO, de la inseguridad, la potenciación del extractivismo, entrega de territorios, fuentes de agua, violentando el derecho a la consulta previa, se intente limitar derechos constitucionales, como la libre asociación, la reunión y la manifestación. Esperamos que esta advertencia no sea antesala para profundizar procesos de criminalización abiertos a varios dirigentes populares.
La UNE recuerda que la protesta social está estipulada en el artículo 98 de la Constitución, el cual reconoce que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público… que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
En lugar de buscar amedrentar a los pueblos del Ecuador, la FGE debería presionar al Gobierno a enfrentar, en los hechos, al narcotráfico y delincuencia organizada que está infiltrada en varias instituciones del Estado.
Convocamos a todos los sectores sociales, sindicales, movimientos indígenas y campesinos, trabajadores, mujeres, ecologistas a fortalecer los procesos de unidad para enfrentar el autoritarismo, demagogia e incapacidad del Gobierno de Noboa y sus acólitos.