La UNE viene expresando su preocupación y sus propuestas frente a los altos niveles de violencia e inseguridad que viven los espacios educativos y el país. Hemos asistido al diálogo con varias instituciones del Estado y Gobierno para aportar en la construcción de políticas públicas y sociales que garanticen la seguridad y respeto a los derechos humanos de la sociedad ecuatoriana.
En ese contexto, rechazamos la represión violenta de la que fueron víctimas este martes 24 de junio el personal (educadoras parvularias y proveedores) que prestan servicios al MIES, a quienes se les adeuda 6 meses de sueldos y no solo afecta a las familias de los educadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), sino que también perjudica la alimentación de los niños y niñas de estos centros comunitarios por el impago a los proveedores. ¿Cómo es posible vivir sin una remuneración de su trabajo? ¿Quiénes sostendrán la alimentación y cuidados de la población más vulnerable: la niñez?
Asimismo, la represión se hizo presente en Las Naves, donde familias campesinas se movilizaron en contra del proyecto minero Curipamba – El Domo. En esta acción de movilización, un menor de edad recibió un impacto de proyectil disuasivo en su cabeza y varias personas resultaron heridas. ¿Es el delito defender el ambiente, el agua o buscar preservar el territorio?
Desde la UNE nos solidarizamos con las maestras de educación inicial, trabajadores y proveedores del MIES, así como con los habitantes de la comunidad Las Naves por la violenta represión que enfrentaron.
Emplazamos al Gobierno a qué el contingente de más de 600 policías que actuó entre esos dos lugares sean ubicados en los exteriores de las instituciones educativas ubicadas en zonas denominadas “calientes” o en realizar labores de inteligencia para evitar el reclutamiento forzado de nuestra niñez y juventud, pues defender la vida, el trabajo y el pan no son delitos.