Nosotras y nosotros, delegadas y delegados de sindicatos de servicios públicos y de la educación de América Latina y el Caribe, reunidos en Quito, declaramos
Las grandes empresas tecnológicas ya no son un actor económico más: son un actor político que disputa poder al Estado y a las organizaciones sindicales. Cada contrato que un gobierno firma para digitalizar un ministerio, un hospital, un sistema de seguridad social o una escuela pública traslada una porción de decisión pública a manos privadas, muchas veces sin transparencia, sin control y sin que quienes trabajan o son usuarios de esos servicios tengan ninguna injerencia.
Pero en nuestra región el problema no se agota ahí. En algunos casos, los gobiernos se han aliado con las empresas transnacionales de tecnología, dejando al Estado en sus manos.
En más de un país de América Latina es el propio Estado el que usa la tecnología digital para vigilar, criminalizar, perseguir y silenciar a quienes disienten, incluyendo a actores sindicales y sociales. Por eso esta alianza no defiende apenas la soberanía digital de los Estados: defiende el control democrático del poder digital, sea quien sea quien lo ejerza.
Nos guían los siguientes principios:
- que todo sistema digital usado en el sector público sea transparente, verificable y comprensible;
- que se evalúe su impacto sobre trabajadores/as, sobre los derechos fundamentales y el ambiente antes de implementarse;
- que su gobernanza incluya a quienes trabajan y a quienes son afectados;
- que el Estado garantice el acceso y control real a los sindicatos y la sociedad civil sobre esos sistemas y sobre los contratos que los generaron;
- que se prohíba la reventa o reutilización de los datos que genera;
- que trabajadoras, trabajadores y funcionariado tengan las competencias para auditar los sistemas;
- y que existan controles democráticos independientes capaces de poner límites tanto a las corporaciones como a los propios gobiernos, entre otras cosas.
Hoy lanzamos una alianza conjunta entre la Internacional de Servicios Públicos y la Internacional de la Educación porque entendemos que la transformación digital está atravesando todos los servicios públicos y los derechos sociales: está cambiando la forma en que se organiza, controla el trabajo, y también cómo se enseña, se aprende y se toman decisiones en nuestras instituciones educativas.
Solo colectivamente y en forma solidaria los trabajadores, trabajadoras y la ciudadanía podremos enfrentar el avance de las Big Tech en la captura del Estado y de nuestras vidas.
El futuro digital no puede quedar en manos de unos pocos. Queremos disputarlo y poner la tecnología al servicio de los pueblos, de trabajadores y trabajadoras, y en favor de la democracia, la paz y la soberanía.