Expresamos nuestra solidaridad con las familias, instituciones, medios de comunicación víctimas de la violencia desatada en el país. Exigimos al Gobierno abordar de formar estructural la problemática del crimen organizado. Señalamos que las medidas populistas, la improvisación y la falta de voluntad política en atender los problemas sociales no resultan eficaces y ahondan la crítica situación que viven los pueblos del Ecuador.
Rechazamos y condenamos a los grupos del crimen organizado que han generado violencia en todo el país; pero también rechazamos y condenamos que las instituciones del Estado, organizaciones políticas, gobiernos de turno, ciertos policías, militares, jueces, instituciones financieras estén relacionadas con grupos del crimen organizado. Esta contaminación y relación son las que precisamente no permiten adoptar medidas estructurales y sostienen al crimen organizado.
Expresamos nuestra preocupación que la crisis de inseguridad pretenda ser utilizada para adoptar medidas económicas que afecten a los ecuatorianos (as) como: incrementar al 15% el IVA o revisar el precio de combustibles para su incremento. Según el INEC en su informe de julio del 2022 la primera causa para que niños (as), adolescentes abandonen el sistema educativo es por la situación económica en sus hogares (pobreza). Toda medida antipopular es un atentado a los hogares ecuatorianos.
Si de buscar recursos se trata para garantizar la vida, seguridad, paz y educación, proponemos:
No gastar USD 50 O 60 millones en preguntas innecesarias de la Consulta Popular; cobrar de manera inmediata los impuestos a los grandes evasores; ubicar una contribución del 5% a las ganancias extraordinarias de las 100 empresas más grandes, eso significa USD 300 millones; restituir la tarifa del 5 % al ISD, eso significa USD 400 millones adicionales al año. Junto a estas medidas es necesario declarar en emergencia al sector de seguridad con el propósito de movilizar recursos para dotar a la fuerza pública de equipamiento, movilización y tecnología. Pero también para depurar y fortalecer los organismos de justicia, FFAA y Policía.
En el plano de la educación señalamos:
- El retorno presencial a las aulas debe definirse cuando existan las garantías necesarias que permitan garantizar la seguridad y la vida de la comunidad educativa y familias.
- Mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2024-00001-A del 09 de enero el Ministerio de Educación dispuso: Declarar el cambio de modalidad educativa a no presencial. La temporalidad del cambio de modalidad estará vigente hasta el 12 de enero de 2024. Mientras no existan las garantías necesarias esta modalidad debe mantenerse.
- Para que los aprendizajes no se detengan en los hechos es necesario bajar las tarifas de la internet y energía eléctrica al 50% de su costo en los hogares que cuentan con estudiantes; llegar acuerdos con las grandes empresas de tecnología para adquirir dispositivos (celulares, tables, computadoras) a precios accesibles.
- Declarar en emergencia a la educación y salud con el fin de incrementar sus presupuestos y priorizar políticas públicas y sociales.
- Trabajar en planes de riesgo para las instituciones educativas sobre situaciones de cómo actuar frente a las amenazas de coches bombas, balaceras, presencia de bandas delincuenciales.
- Patrullajes de la Policía o FFAA en los exteriores de los planteles educativos para evitar robos durante las actividades no presenciales.
- Evaluación semanal de las Orientaciones pedagógicas – curriculares para la continuidad educativa en situaciones de emergencia emitidas por MinEduc, esa evaluación debe incorporar a la Comunidad Educativa y sus representantes.
- Convocamos a la Academia, Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, medios de Comunicación a trabajar en conjunto para desarrollar materiales educativos para el actual contexto, el no abandono de la escuela y de apoyo psicosocial.
Comité Ejecutivo Nacional – UNE