La doble moral de los sectores más pudientes y del Gobierno está en juego cuando se plantea que los banqueros y grandes empresarios paguen un impuesto a las utilidades. Dicen que eso afectaría a la economía o a la dolarización. Pero cuando se plantea elevar el IVA, que afecta a los más pobres, dicen que no hay problema. Recordemos que las 50 empresas más grandes ganaron USD 2.765 millones de dólares en el año 2022.
Hasta el momento, varios distritos no han pagado los sueldos a profesores y personal de los Departamentos de Consejería Estudiantil, así como al personal administrativo y de servicios. Sin embargo, los intereses de deudas con la banca privada, producto de maestrías, créditos hipotecarios u otros, no esperan, y de eso no se dice nada.
El Gobierno tampoco menciona que canceló de manera puntual tres cupones de intereses de los bonos de deuda externa de Ecuador, que suman USD 273 millones. El segundo pago de cupones de bonos de deuda externa debe realizarse en julio, también por USD 273 millones. Estos cupones corresponden a los bonos externos reestructurados en 2020 y que vencen en 2030, 2035 y 2040. En varios países, los gobiernos han decidido solicitar moratorias en sus pagos de deudas en momentos de crisis a organismos multilaterales como el FMI, el BID y el Banco Mundial, y no se han cerrado las llaves de crédito o, peor aún, se ha afectado la economía interna.
De igual forma, en el mes de diciembre, el Gobierno perdonó USD 2.700 millones en intereses, multas y recargos a 500 grandes empresas y devolverá el IVA a las inmobiliarias por aproximadamente USD 367 millones al año.
Mientras se perdonan deudas y se devuelve el IVA a las inmobiliarias, se va a recortar 88 millones de dólares a las universidades, o se deja de pagar sueldos de médicos, profesores, psicólogos educativos, entre otros servidores públicos y proveedores del Estado, algunos de ellos sin pagos desde los últimos meses del 2023, como es el caso de las maestras de los Centros de Desarrollo Infantil, adjuntos al MIES.
Es fácil colegir que las decisiones del Gobierno son las que no permiten recaudar mayores recursos de los sectores más pudientes y contar con recursos para pagar a tiempo el sueldo del mes de enero a todo el sector público. No conformes con estas medidas antipopulares, se busca imponer al pueblo un alza en el IVA, revisar el precio de la gasolina y diésel, avanzar en el despido en el sector público y burlarse de la consulta popular sobre el Yasuní.
Denunciamos que el Gobierno sigue aprovechando la crisis de inseguridad para hacer uso político del conflicto interno e implementar su proyecto económico neoliberal.
Si se trata de alcanzar recursos económicos, aquí hay algunas opciones:
- Cobrar el impuesto a los grandes evasores y morosos, empezando por la Corporación Noboa (7 000 millones de dólares).
- Establecer un impuesto a las ganancias extraordinarias de las 100 empresas más grandes y a la banca privada (500 millones de dólares).
- Elevar al 6% el impuesto a la salida de divisas (700 millones de dólares).
- Eliminar algunas exenciones tributarias que tienen los grandes grupos empresariales (1 000 millones de dólares).
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL – UNE