Desde la Unión Nacional de Educadores expresamos nuestro rotundo rechazo al proyecto de Ley para modificar el artículo 175 del COIP, presentado por el asambleísta correista Santiago Díaz, con el apoyo de 10 asambleístas más de la bancada de la Revolución Ciudadana, que propone reducir la edad mínima de consentimiento sexual de 18 a 14 años. Esta iniciativa no solo representa un retroceso inaceptable en la protección de la niñez y adolescencia, sino que abre peligrosamente las puertas a la legalización del abuso sexual y la impunidad.
Resulta alarmante que este intento legislativo se haya presentado días antes de conocerse una denuncia en su contra por presunta violación a una menor de 12 años.
En un país como Ecuador, donde persisten alarmantes índices de violencia sexual infantil y embarazo adolescente, proponer una ley que permita relaciones sexuales de menores de 18 años y mayores de 14 años con adultos, no es una ampliación de libertades, sino una política regresiva. Bajo el discurso de un falso “derecho a decidir”, se encubre una medida que, en la práctica, favorece y encubre a los agresores sexuales y expone aún más a niñas, niños y adolescentes a situaciones de abuso y explotación.
El Estado tiene la obligación constitucional e internacional de proteger a los menores de edad frente a cualquier forma de abuso o explotación. Así lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador y la propia Constitución, que reconoce el principio del interés superior del niño.
Rechazamos a la vez el “argumento” de licencia después de conocer la denuncia en su contra. Santiago Díaz debe ser destituido de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado debe actuar con celeridad e independencia en la investigación. No cabe ninguna impunidad ni fuga.
Desde la UNE estamos enfrentando las violencias en los espacios educativos y sociedad. Y no guardaremos silencio. Venga de donde venga la violencia, protegeremos a nuestros niños y niñas. El proyecto de Díaz debe ser rechazado y debe ser una lección para que la Asamblea Nacional deje de ensañarse frente a la niñez como lo está haciendo con las últimas leyes.