El Ministerio de Educación inició un proceso de contratación para la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales por un monto superior a USD 600.000, recursos que serán destinados a cubrir los desplazamientos de funcionarios en Venecia, Munich, París, Niza, Amsterdam, Sevilla, Madrid, Chicago, México, Sao Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Asunción, Lima, Panamá y Bogotá, así como pasajes nacionales.
Es evidente que la unificación de ministerios para la optimización de recursos económicos es pura propaganda gubernamental y, en el fondo, se busca despedir trabajadores y recortar los presupuestos a áreas claves de educación y salud. Además, este ingente gasto económico en pasajes aéreos en medio de una creciente crisis en educación es una burla frente a la dura realidad que viven docentes y estudiantes:
- 14.000 docentes continúan esperando años el pago de la Transitoria Septuagésima Cuarta (proceso de escalafón);
- miles de profesores pertenecientes al Grupo 8 tampoco han recibido el pago de la equiparación salarial;
- persiste la deuda por mora patronal, afectando la atención de salud y las prestaciones sociales de los trabajadores de la educación;
- miles de maestros jubilados continúan esperando el pago de sus incentivos jubilares;
- no existen procesos de ascenso y recategorización;
- el sistema educativo sigue enfrentando un grave déficit de 64 mil maestros porque el Gobierno no crea nuevas partidas para fortalecer el magisterio.
A ello se suma una realidad cada vez más preocupante: las instituciones educativas continúan siendo escenarios de violencia e inseguridad, mientras docentes y estudiantes enfrentan diariamente riesgos sin que existan políticas efectivas para garantizar condiciones dignas y seguras para el ejercicio del derecho a la educación, sumadas a una infraestructura cada vez más deteriorada.
Resulta inadmisible que sí existan recursos para atender los intereses de la burocracia gubernamental, pero no para garantizar los derechos de las y los docentes y estudiantes. La falta de pago de las obligaciones laborales, el abandono de las políticas de fortalecimiento de la carrera docente y la ausencia de inversión para garantizar condiciones dignas demuestran que no existe voluntad política para cumplir con la educación pública como un derecho humano; por ello, condenamos el despilfarro de los recursos del Estado.