¡LOS JÓVENES NO SON TROPA ELECTORAL DE ADN!

Las denuncias sobre la participación de beneficiarios del programa Jóvenes en Acción en actos proselitistas de Acción Democrática Nacional (ADN) encienden una grave alerta sobre el uso político de los recursos del Estado. En Carchi, jóvenes asistentes al inicio de la campaña electoral por la Prefectura manifestaron: «Nos tocó ir nomás» y «tenemos que asistir para que nos cancelen el otro pago». Otro participante señaló que acudió por «disposición de apoyar a este partido político». En Manta, una joven denunció que fue convocada a una supuesta capacitación laboral y terminó en un acto político de ADN. Frente a los candidatos, cuestionó el propósito de la convocatoria y reclamó: «Vinimos para ser capacitados».

¿Desde cuándo una capacitación laboral se convierte en un acto de campaña? ¿Desde cuándo los programas públicos pueden confundirse con estructuras de movilización partidista?

¡El dinero público no es propiedad de ADN y los derechos de la juventud no son favores del Gobierno! Los jóvenes no necesitan bonos temporales que duran apenas dos meses; necesitan trabajo digno, estable y con derechos. La cuarta fase de Jóvenes en Acción contempla dos pagos de USD 400, por un total de USD 800, y sus actividades concluirán el 31 de diciembre de 2026. ¿Qué pasará con los jóvenes cuando termine el programa? Si al Gobierno realmente le interesa su bienestar, debe transformar estos recursos en una política pública de empleo que genere puestos de trabajo, garantice estabilidad laboral y promueva la afiliación a la seguridad social.

Desde la UNE exigimos a las autoridades competentes que investiguen los hechos denunciados en Carchi y Manta, determinen si existieron condicionamientos económicos o utilización electoral de recursos públicos y establezcan las responsabilidades correspondientes, de comprobarse irregularidades. Exigimos, además, garantías para que ningún joven sea presionado, directa o indirectamente, por su participación en este programa. El acceso a un beneficio público debe responder a requisitos legítimos, nunca a la asistencia a actos proselitistas ni al respaldo a una organización política.

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