La Unión Nacional de Educadores (UNE) denuncia la insuficiente prevención y planificación del Gobierno ante las intensas lluvias que han inundado instituciones educativas, interrumpido las clases y puesto en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y familias.
El fenómeno de El Niño no puede utilizarse como justificación para las deficiencias en la prevención. Las lluvias pueden ser intensas, pero la vulnerabilidad de las escuelas es un problema conocido que requiere respuestas anticipadas y verificables.
¡Las inundaciones no pueden seguir tomando por sorpresa a las autoridades educativas!
Los hechos de octubre evidencian la necesidad de revisar la oportunidad de las decisiones oficiales. El lunes 19 de octubre, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la suspensión de clases presenciales en los establecimientos afectados de las zonas 5 y 8 a pocos minutos de que la jornada matutina inicie. El 26 de octubre, la disposición de salida anticipada de estudiantes de la jornada vespertina y suspensión de la nocturna llegó cuando las inundaciones ya dificultaban la movilidad en Guayaquil.
Lo más grave es que las alertas existían con anticipación. El Comité Nacional ERFEN declaró oficialmente el evento El Niño el 28 de agosto de 2026 y, un día después, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos estableció la alerta roja en todo el territorio nacional.
Según el informe oficial de Gestión de Riesgos, con corte al 25 de octubre, se habían registrado 648 eventos adversos por lluvias en 23 provincias, con 32.694 personas impactadas. Además, el boletín meteorológico N.º 83 del INAMHI, vigente desde el 25 de octubre, advirtió sobre lluvias de moderada a muy fuerte intensidad, con eventos especialmente intensos previstos para el 26 y 27 de octubre.
¡El riesgo estaba identificado y las advertencias fueron públicas!
La UNE ha alertado reiteradamente sobre la vulnerabilidad de la infraestructura escolar. Según información ministerial recogida, frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, existen 3.873 instituciones educativas fiscales ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones o movimientos en masa, con 884.193 estudiantes potencialmente expuestos. Un diagnóstico más focalizado identificó 822 establecimientos en condiciones de mayor riesgo.
El propio Ministerio de Educación aprobó en 2025 el Plan Operativo para la Intervención en Infraestructura Educativa ante el Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur y Época Lluviosa. Por ello, corresponde preguntar: ¿cómo se está ejecutando ese plan?, ¿qué obras preventivas se realizaron en las escuelas vulnerables?, ¿cuántos establecimientos siguen sin intervenciones y qué recursos se han invertido para protegerlos?
La preocupación se agrava al revisar el presupuesto. Hasta abril de 2026, los proyectos de infraestructura escolar examinados registraban USD 53,4 millones de presupuesto codificado, pero apenas USD 3,8 millones devengados, equivalentes a alrededor del 7%. Posteriormente, el análisis de la UNE, con corte a agosto, identificó que los proyectos de adecuaciones emergentes en instituciones educativas e infraestructura educativa recuperada registraban ejecuciones aproximadas de apenas 1,46% y 0,91%, respectivamente.
Desde la UNE exigimos al Gobierno y al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura:
- Declarar en emergencia la educación y ejecutar de inmediato, de forma pública y verificable, el plan de contingencia, con acciones, responsables, cronogramas y recursos definidos para cada institución educativa en riesgo.
- Inversión urgente en prevención, drenaje, mantenimiento y rehabilitación escolar, priorizando los establecimientos expuestos a inundaciones y deslizamientos.
- Protocolos de alerta temprana y decisiones oportunas sobre suspensión de clases, evacuación y movilidad, coordinados con los organismos de gestión de riesgos.
- Garantías de continuidad educativa, mediante alternativas pedagógicas accesibles, sin imponer la virtualidad a familias que carecen de conectividad, dispositivos o condiciones adecuadas.
La comunidad educativa tiene derecho a saber qué medidas se han adoptado para protegerla. No basta con anunciar protocolos cuando las aulas ya están inundadas. La prevención debe traducirse en infraestructura segura, presupuesto ejecutado y decisiones oportunas.