El 04 de mayo, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció el bloqueo y cancelación de sus cuentas bancarias por disposición directa de la Superintendencia de Bancos según la notificación emitida por la institución financiera. Luego de varias acciones legales y consultas administrativas realizadas a varias instituciones del sistema bancario y jurídico, mediante Oficio Nro. UAFE-DAJ-2026-0424-EQ, de 29 de mayo de 2026, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informa a UNE que obtuvo y analizó información sobre nuestra organización en el marco de la Ley Orgánica de Inteligencia.
Más grave aún, en el numeral 4 del mismo oficio, la propia UAFE reconoce que la información recopilada es considerada reservada y confidencial, negándose a transparentar su contenido bajo el argumento de que solo puede ser utilizada para los fines determinados en la Ley Orgánica de Inteligencia. Es decir, mientras se cierran las cuentas de una organización social con más de 80 años de historia, la información que sustenta estas actuaciones permanece oculta al escrutinio público y a los propios afectados.
Desde la UNE realizamos la presente denuncia pública con el propósito de que el país pueda conocer que el cierre de nuestras cuentas no es un hecho aislado, sino parte de una actuación amparada bajo una institución que, según el Art. 26 de la Ley Orgánica de Inteligencia, es parte de un subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia dirigido por el Estado y el Gobierno.
Resulta inaceptable que una normativa que, según el Gobierno en su momento señaló que fue creada para identificar amenazas a la seguridad nacional, ahora esté siendo utilizada contra organizaciones sociales y sindicales, mientras las bandas criminales y grupos delictivos continúan sembrando violencia e inseguridad en todo el país.
Alertamos de que el actual proceso de acoso y persecución que vive la UNE es una clara expresión del efecto de las leyes y políticas del Gobierno de Noboa. Las cuales tienen como denominador común el control absoluto de la vida social. Lejos de garantizar la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos, estas acciones buscan amordazar toda forma de oposición a la gestión gubernamental y forman parte del sistemático proceso de criminalización de la protesta social.
Nos acogemos a la legítima expresión del descontento y resistencia, camino central de cualquier democracia que se precie de serlo. Nos negamos a aceptar que el derecho a reclamar, exigir y soñar con un país distinto sea convertido en un delito, sujeto a la represión y estigmatización. El Gobierno se equivoca si piensa que mediante la intimidación y la judicialización va a callar o desarticular las estructuras de una organización que durante décadas ha sido la base de la defensa de la educación pública y de la resistencia a las políticas antipopulares de los gobiernos.
No guardaremos silencio frente a la criminalización y violación de los derechos democráticos. Defenderemos una democracia viva, donde el disenso sea un motivo de un diálogo social y no de represión, y donde la ley sea un escudo para los derechos y no una espada para silenciar al pueblo. Es por eso que llamamos a todas las organizaciones sociales, de trabajadores, mujeres, estudiantes, ecologistas, organizaciones de la salud pública, al movimiento indígena y campesino a conformar un gran frente en defensa de los derechos, la democracia y frente al alto costo de la vida, la inseguridad y el desempleo para enfrentar a Noboa con la movilización y en las urnas.