Condenamos la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de eliminar del registro electoral a organizaciones políticas como Unidad Popular y Construye, en una sesión marcada por irregularidades, arbitrariedades y una evidente ilegalidad como una burla a la democracia y un golpe a la voluntad popular.
Este 26 de abril de 2026, el CNE resolvió la cancelación de estas organizaciones en medio de una votación dividida, que tuvo que definirse mediante el voto dirimente de su presidenta, Diana Atamaint. Resulta inaceptable que, con el voto de apenas dos personas, se pretenda desaparecer a la Unidad Popular, evidenciando la fragilidad y falta de legitimidad de esta decisión.
Denunciamos que esta resolución es fraudulenta, ya que en el último informe técnico se demostró que existían apenas 1.483 desafiliaciones a la Unidad Popular, cifra que dista de los más de 175.000 desafiliados que inicialmente argumentó el CNE. Esta inconsistencia no es un error: es manipulación de datos para justificar una decisión política.
Además, esta cancelación es extemporánea y contraria a la normativa electoral vigente, pues se tenía hasta el 3 de abril para eliminar a cualquier organización previo a las elecciones seccionales de noviembre, lo que la convierte en una decisión nula.
Este acto es parte de una persecución política sistemática impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, orientada a eliminar por decreto a la oposición social y popular del Ecuador. Se busca silenciar voces críticas y restringir el derecho a la participación política y se pretende construir un escenario electoral sin pluralidad, donde el presidente Noboa aspire a competir prácticamente solo en la papeleta, eliminando a sus contendores mediante mecanismos administrativos y no a través del voto popular.