La Unión Nacional de Educadores (UNE) denuncia ante el país que el Gobierno de Daniel Noboa continúa postergando el cumplimiento de la Disposición Transitoria Septuagésima Cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que reconoce el derecho al escalafonamiento de más de 12 mil docentes con más de 25 años de servicio que cumplen los requisitos legales. El propio Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, mediante Memorando Nro. MINEDEC-SDPE-2026-01572-M, de 26 de septiembre de 2026, reconoce que no existen convocatoria, aplicativo informático, instructivo, cronograma ni mecanismos habilitados para ejecutar este derecho, y que continúa a la espera del correspondiente dictamen presupuestario.
Este incumplimiento se mantiene, pese a que en julio de 2025 la UNE, producto de las movilizaciones y mesas técnicas de ese momento, logró que MinEdec solicitara formalmente los recursos económicos, como se informó en el documento MINEDUC-MINEDUC-2025-00882-OF.
Estos documentos oficiales evidencian la falta de resultados concretos del Gobierno para cumplir una obligación legal con miles de educadores. No se trata de un beneficio nuevo ni de una concesión del Ejecutivo.
Es menester recordar al país que esta reivindicación la UNE y el Magisterio la alcanzaron en las reformas a la LOEI, conquistadas mediante dos huelgas de hambre desarrolladas en 2021 y 2022, lo que anteriormente constaba como Transitoria Trigésima Tercera, hoy corresponde a la Septuagésima Cuarta de la LOEI codificada.
Resulta inadmisible que, después de tantos años de espera, el Gobierno siga utilizando la falta de procedimientos administrativos como explicación para no ejecutar un derecho establecido en la ley. Desde julio de 2025, el Ministerio de Educación informó a la UNE que había solicitado recursos al Ministerio de Economía y Finanzas. El requerimiento asciende a 109 millones de dólares. Sin embargo, transcurridos más de catorce meses, el financiamiento continúa sin resolverse y miles de docentes siguen esperando una respuesta efectiva.
Es indignante que, mientras no se concreta el financiamiento para los derechos de los docentes, se destinan ingentes recursos públicos a comunicación y publicidad gubernamental, así como al pago puntual de la deuda pública externa con el FMI, sin resolver oportunamente el financiamiento de los derechos de quienes han dedicado más de 25 años a educar a generaciones de ecuatorianos.
Denunciamos que esta cuarta postergación expresa una falta de voluntad política del presidente Daniel Noboa con el magisterio. Detrás de cada docente afectado hay una vida de trabajo, preparación profesional y servicio a la educación pública. Muchos continúan ubicados en categorías que no corresponden a su trayectoria y otros se acercan a la jubilación sin recibir el reconocimiento salarial y escalafonario al que legítimamente aspiran.
Frente a esta realidad la Unión Nacional de Educadores exigimos al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar inmediatamente el financiamiento necesario para ejecutar la Transitoria Septuagésima Cuarta; al Ministerio de Educación, disponer la apertura del proceso, publicar los requisitos y establecer un cronograma nacional de cumplimiento; y a ambas carteras de Estado, transparentar las solicitudes presupuestarias realizadas desde julio de 2025, los dictámenes emitidos y las razones por las cuales este derecho continúa sin ejecutarse. De no hacerlo, es evidente que el régimen estaría obligando a que los docentes reactivemos acciones de movilización en todo el país, ya que incluso está a punto de cerrarse lo que se denomina año fiscal, lo cual generaría aún más complicaciones a este proceso.
UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES – UNE