Con profundo pesar y consternación, desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), expresamos nuestra solidaridad con la familia, amistades, colegas y estudiantes del compañero: Jorge Augusto Garay Ibáñez, docente reportado como desaparecido desde el 22 de mayo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida la mañana del miércoles 28 de mayo, en el estero El Macho, al norte de la ciudad de Machala; y la docente baleada dentro de un plantel educativo en Esmeraldas la tarde de ayer 2 de junio.
Estos dolorosos hechos enlutan una vez más al Magisterio ecuatoriano y nos obligan a alzar la voz frente a la cruda realidad que enfrenta día a día la comunidad educativa: extorsiones, amenazas, desapariciones y crímenes que quedan en la impunidad. ¿Cuántos profesores más deben morir para que se tomen medidas concretas? ¿Hasta cuándo se permitirá que el crimen organizado se apodere de las escuelas, comunidades y espacios educativos?
Exigimos justicia para las familias y los docentes que hemos perdido producto de la inseguridad y violencia que vive el país. Asimismo, exhortamos a que las escuelas y territorios sean seguros para todos los actores de la educación. Ser docente no debería ser una profesión de alto riesgo, pero los elevados niveles de inseguridad la están transformando precisamente en eso y el Gobierno no puede seguir con los brazos cruzados.
Es urgente declarar en emergencia a la educación, elaborar un Plan de Aulas Seguras para los 200 días del año lectivo, así como un Plan de Reinserción Escolar que merme la exclusión de nuestra niñez y adolescencia de las escuelas y colegios, destinar presupuesto para la educación y priorizar políticas sociales y públicas que aseguren el acceso a una educación de calidad.