El día de ayer, 21 de noviembre, fuimos testigos de varios actos de represión policial frente a ciudadanos que ejercían su derecho legítimo a la protesta. La movilización social no es un delito; es una herramienta del pueblo para exigir justicia, igualdad y mejores condiciones de vida frente a un gobierno que no ha sabido responder a sus demandas.
Mientras el país enfrenta una crisis económica y social sin precedentes, el Gobierno decide invertir recursos en gas lacrimógeno y en reprimir a la ciudadanía, en lugar de destinarlos a solucionar los problemas urgentes de los ecuatorianos: educación, empleo, salud y seguridad.
Condenamos enérgicamente el uso de la fuerza para silenciar las voces de quienes claman por un Ecuador más justo. Nos solidarizamos con las víctimas de esta represión, especialmente con los jóvenes, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos de INREDH que fueron violentados en su dignidas y libertad.
Exigimos que se respeten los derechos constitucionales del pueblo, que cese la criminalización de la protesta social y que se investiguen los abusos cometidos. Un gobierno que reprime no es un gobierno que gobierna, es un gobierno que teme.
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