Las declaraciones del coordinador zonal 6 del Ministerio de Educación, Leonardo Andrade, sobre la repetición de contenidos en materiales escolares de quinto, sexto y séptimo de Educación General Básica plantean serios cuestionamientos jurídicos, pedagógicos y de gestión pública. Estas interrogantes no pueden resolverse con el simple argumento de que el sistema educativo está atravesando un plan piloto del currículo por competencias.
Desde el ámbito pedagógico, la autoridad educativa parece confundir la continuidad de un tema con la repetición de contenidos y actividades. La progresión curricular exige incrementar gradualmente la complejidad de los conocimientos, las habilidades, los procesos cognitivos y los niveles de desempeño. Precisamente porque un estudiante de quinto no aprende de la misma manera que uno de séptimo, los materiales educativos deben responder a sus distintas etapas de desarrollo. Razones por las cuales las declaraciones públicas del funcionario de MinEdec generan dudas sobre la rigurosidad técnica con la que se está implementando la reforma curricular.
Desde el ámbito jurídico, ningún plan piloto suspende las obligaciones constitucionales del Estado. Los artículos 26, 27, 343 y 347 de la Constitución garantizan el derecho a una educación de calidad, pertinente y respetuosa del desarrollo integral del estudiantado. El artículo 49 del Reglamento General a la LOEI establece que los recursos educativos deben actualizarse conforme a los estándares de calidad. Asimismo, los artículos 14 y 15 del Acuerdo Ministerial MINEDUC-2024-00060-A disponen que la renovación curricular debe sustentarse en la investigación, la pertinencia pedagógica, la participación y la evaluación permanente. Estas obligaciones no pueden reducirse a declaraciones institucionales desatinadas.
Desde la gestión pública, el Ministerio debe transparentar cómo se diseñaron, validaron, contrataron y distribuyeron estos materiales. Aunque la institución sostiene que se trata de fichas complementarias y no de textos escolares sustitutivos, esa denominación no elimina su responsabilidad de demostrar la pertinencia pedagógica de los contenidos ni de justificar la utilización de los recursos públicos. La coincidencia de materiales entre grados requiere una explicación técnica y documental, no únicamente una justificación verbal.
Una reforma curricular no puede sostenerse en la improvisación ni en la imposición administrativa. Por eso, exigimos al Ministerio de Educación que, a punto de llegar al mes de diciembre, mes en el cual culmina el primer trimestre, haga públicos las matrices de progresión curricular, los informes de validación pedagógica, los costos de elaboración, impresión y distribución, así como los resultados de evaluación del pilotaje. También debe transparentar los mecanismos mediante los cuales participaron docentes, estudiantes y familias en la construcción, implementación y evaluación de esta propuesta curricular. La participación de la comunidad educativa no puede limitarse a recibir disposiciones y ejecutar decisiones adoptadas desde los escritorios de tecnócratas.
COMITÉ EJECUTIVO UNE NACIONAL