Las afirmaciones realizadas por el presidente Daniel Noboa, el 22 de abril en el Coliseo Quitus, respecto a la supuesta “incorporación de 2.085 docentes” al sistema educativo es solo propaganda política, mas no estabilidad laboral. Lo que el Gobierno presenta como contratación docente no es más que la precarización del trabajo educativo: contratos temporales que se extienden en algunos casos hasta diciembre y en otros hasta que llegue el ganador de la respectiva acción de personallo que no garantiza estabilidad laboral.
El presidente afirmó, durante el evento: “Ustedes se suman a los 16.151 docentes que ya contratamos desde noviembre de 2023”. Sin embargo, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló ante medios de comunicación que apenas se ha cubierto “del 1,3 al 2% de la brecha docente, lo cual representa alrededor de 4.000 docentes”. ¿Cuántos docentes se han contratado realmente?
La realidad es contundente: en Ecuador existe un déficit de aproximadamente 64.000 docentes, según estudios de la UNAE, situación agravada por la salida de más de 18.000 profesores en los últimos cinco años que no han sido reemplazados, conforme a datos abiertos del Ministerio de Educación.
Denunciamos además que, bajo la administración de la ministra Gilda Alcívar, se obligó a los docentes a asistir a un evento político disfrazado de acto institucional. A través de disposiciones emitidas por distritos educativos, se exigió la presencia obligatoria de docentes el día 22 de abril de 2026 en el Coliseo Los Quitus, interrumpiendo sus jornadas laborales.
Este hecho constituye un acto de irrespeto, presión y utilización política del magisterio. Mientras los docentes eran obligados a asistir, surge una pregunta urgente: ¿en manos de quién quedaron los estudiantes? ¿Quién responde por esta afectación al derecho a la educación y al principio del interés superior del niño, niña y adolescente?
Solo un gobierno que carece de respaldo popular recurre a este tipo de prácticas, donde la demagogia sustituye a las soluciones reales. Se evidencia una vez más que no existe un compromiso genuino con la educación pública, sino con la construcción de una imagen política sostenida artificialmente.
Desde la UNE rechazamos el maltrato al que fueron sometidos nuestros compañeros docentes, así como el uso de recursos institucionales para simular respaldo al Gobierno.