La Unión Nacional de Educadores (UNE), desde meses atrás, ha expresado su preocupación, así como varias denuncias y propuestas frente a todas las formas de violencia que siguen atentando contra la vida y los derechos de los niños, niñas, jóvenes, docentes, madres y padres de familia. Tales como la agresión entre estudiantes, exposición a la venta de drogas, acoso escolar, agresiones físicas, acoso escolar, afectaciones psicológicas, intentos de suicidio, violencia sexual, entre otros.
La violencia no es de ahora, es intrínseca al actual sistema; sin embargo, tampoco podemos negar que hace pocos años no ocurría este tipo de hechos de manera sistemática. El crecimiento de los diferentes tipos de violencia en los espacios educativos es resultado de un Gobierno que ha abandonado la salud, educación, recreación, deporte y cultura. En el Ecuador se ha dejado de reconocer los derechos de la niñez y de los docentes como parte de los derechos humanos.
Alertamos que el mes de mayo fue uno de los meses más violentos en los contextos educativos y que se logró conocer, producto de las distintas denuncias públicas. En mayo se produjeron 25 casos relacionados con diferentes tipos de violencia entre los cuales están: agresiones entre pares, extorsiones y agresiones a profesores, violencia sexual, suicidios, asaltos violentos, violencia digital, entre otros. Junio ha iniciado con los mismos síntomas. En los 9 días que van del mes, ya van tres casos de violencia preocupantes. Uno de ellos es lo suscitado en un plantel educativo del sur de Quito, donde, tras la denuncia de varios padres de familia, se pudo conocer de un presunto caso de abuso sexual a un estudiante por parte de un practicante.
Sin embargo, llamamos a las instituciones del Estado y al Gobierno a atender de raíz esta crisis con un enfoque de derechos, superando la mirada hacia la niñez, la adolescencia y ahora a los docentes como una estadística. Basta de indiferencia, exigimos acción inmediata y por eso insistimos:
• En medio del crecimiento de las violencias e inseguridad, los derechos de estudiantes, magisterio, personal administrativo, madres y padres de familia deben ser ubicados en el centro de la gran discusión nacional bajo un enfoque de derechos humanos. La incorporación del principio del interés superior de la niñez no puede seguir siendo un adjetivo para las autoridades y poderes públicos al igual que los derechos de los profesores.
• Demandamos que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se tome en cuenta que los niños/as y jóvenes tienen derecho a la alimentación, salud, educación, trabajo, sano esparcimiento y vida libre de violencias, para su desarrollo integral, derechos a los cuales también tenemos los docentes y las familias.
• Es urgente que el Gobierno fortalezca y priorice acciones con el debido presupuesto para la prevención y no solo para la reacción; los protocolos institucionales ya no son suficientes y se vuelven inútiles si no van acompañados de políticas públicas junto a la designación de recursos. Demandamos verdaderas acciones afirmativas que contribuyan a la protección de la niñez y de los docentes amenazados por la violencia que es necesario señalar que viene desde la delincuencia y también del Estado. Para lo cual insistimos en que es imprescindible declarar en emergencia la educación.