Ante los recientes hechos de violencia que golpean una vez más con fuerza a la comunidad educativa, expresamos nuestra profunda preocupación. El 15 de septiembre de 2026, en una institución educativa del distrito Florida, en Guayaquil, un estudiante resultó herido por un disparo dentro del plantel y posteriormente se encontró un arma de fuego en los baños de la institución. A este hecho se suma la muerte, el 14 de septiembre de 2026, de Juan Carlos Pozo Roque, docente de Huaquillas, quien permaneció más de dos semanas hospitalizado tras recibir varios impactos de bala durante un ataque ocurrido el 27 de agosto; así como el asesinato, el 17 de septiembre de 2026, de José Luis Marcial Ramos, docente de La Troncal, quien mantenía una búsqueda pública para localizar a su hijo desaparecido.
Estos hechos ocurren después de que el Gobierno puso en marcha, el 4 de septiembre de 2026, el Plan Escudo, presentado como una “nueva estrategia” para enfrentar la inseguridad y las distintas formas de violencia en las instituciones educativas.
Sin embargo, mientras se anuncian operativos y controles, la violencia continúa ingresando a las aulas y poniendo en riesgo la vida y la integridad de estudiantes y docentes. Por ello, exigimos al Gobierno y al Ministerio de Educación que informen con transparencia cuál es el alcance y cuáles son los objetivos del Plan Escudo: en qué instituciones, distritos, cantones y provincias se aplica; qué recursos se han destinado para su ejecución; y qué acciones preventivas contempla.
La seguridad de la comunidad educativa no puede reducirse únicamente a una mayor presencia policial, requisas o controles. Este tipo de medidas ya ha demostrado ser insuficiente en los denominados planes de Escuelas y Comunidades Seguras. Es urgente una respuesta integral frente a la inseguridad y las violencias, que contemple prevención, políticas sociales con la debida inversión, infraestructura segura, atención psicosocial, protección para docentes y estudiantes, así como políticas públicas que enfrenten las distintas formas de violencia que afectan a las comunidades educativas.
Insistimos en que la educación debe ser declarada en emergencia. No podemos normalizar que un niño pueda recibir un disparo dentro de una institución educativa, ni que 15 docentes hayan perdido la vida a causa de la crisis de violencia que atraviesa el país.
Ir a estudiar o a enseñar no puede convertirse en un riesgo para la vida. La comunidad educativa necesita respuestas, recursos y acciones concretas ahora.