Mientras el gobierno de Daniel Noboa, mediante un evento público desarrollado este 13 de abril en Guayaquil, aprovecha para destacar “inversiones” en uniformes, becas y anuncios de contratación docente, la realidad y las cifras evidencian la profunda crisis que viven las maestras, maestros y el conjunto de la educación pública.
Los salarios docentes permanecen congelados desde hace 14 años, mientras la canasta familiar básica continúa en aumento y hoy se ubica en USD 829,38. Aproximadamente 40 mil profesores se encuentran bajo contrato o nombramiento provisional, sin estabilidad laboral. Las instituciones educativas funcionan en condiciones precarias: de las 7.414 instituciones fiscales del régimen Costa-Galápagos, 6.587 requieren algún tipo de reparación, según un levantamiento de estado de infraestructura del año 2023 de MinEdec.
La inseguridad también golpea al sistema educativo. Entre enero de 2025 y abril de 2026, siete docentes han sido asesinados como consecuencia de la delincuencia, convirtiendo la labor docente en una profesión de alto riesgo y un acto de resistencia.
A esto se suma que 14 mil docentes continúan esperando la aplicación de la TTT (ahora Transitoria 74), mientras mil más no acceden aún a la equiparación salarial. Persiste la mora patronal, no se paga el bono de jubilación y no se garantiza el cumplimiento efectivo de procesos como la sectorización, ascensos y recategorización. Existe, además, un déficit de 64 mil docentes, según un estudio de la UNAE, agravado por la salida de más 18 mil profesores que no han sido reemplazados, según datos abiertos de MinEdec.
Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) se han presentado propuestas concretas al Gobierno y al Ministerio de Educación, sin obtener respuesta, lo que evidencia la falta de voluntad política para resolver los problemas estructurales del magisterio.
Por ello, exigimos:
- Alza de sueldos acorde a la realidad económica.
- Nombramientos definitivos y respeto a la estabilidad laboral.
- Inversión urgente en infraestructura educativa.
- Plan de seguridad durante los 200 días del año lectivo.
- Respeto irrestricto a los derechos del magisterio (Transitoria Trigésima Tercera, sectorización, concursos de méritos y oposición, equiparación salarial, ascensos y recategorización, bonos jubilares y el pago de la mora patronal).
Una vez más, en el Día del Maestro predomina la propaganda gubernamental por sobre acciones concretas y la garantía de derechos. El Gobierno le debe a los docentes condiciones dignas, respeto y garantías para ejercer su labor.
Hoy, más que una celebración, hacemos un llamado a declarar la educación en emergencia, para destinar los recursos necesarios y construir políticas públicas que aseguren el acceso y la calidad educativa.