Este martes 19 de marzo se desarrollará la sesión N°915, a las 14H00, para tratar el Informe No Vinculante a la Proforma del Presupuesto General del Estado para el Período Fiscal 2024 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2024-2027. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 295 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Unión Nacional de Educadores demanda al Pleno de la Asamblea y a sus legisladores a tomar la decisión de OBSERVAR la proforma del Presupuesto General del Estado 2024, a fin de que el Gobierno de Daniel Noboa aplique los correctivos necesarios para su alineación a las obligaciones constitucionales y legales sobre presupuestos y financiamiento. Esta demanda la realizamos en vista que la proforma presupuestaria para este año, asciende a USD 35536 millones, que supera en USD 2. 841 millones al presupuesto del año anterior, valores que, otra vez, no se traducen en la atención a las acuciantes necesidades sociales, sino, que tiene a los rubros de pago de intereses y amortización de la deuda pública entre los más altos, que suman USD 8471 millones -el 23% del presupuesto- y que, al pagarlos y junto con otros déficits, generan necesidades financieras por USD 10992 millones -el 32% del presupuesto-, es decir, que casi la tercera parte de lo que gastará el país en el 2024, se cubrirá con deuda. Los valores anteriores se desglosan en deuda pública interna y externa. Saldrán del país por concepto de pago intereses de deuda externa USD 1.555 millones. El Ministerio de Finanzas no especifica cuántos de los USD 4.483 millones en amortización de la deuda pública saldrá como parte de pago de la deuda externa. Mientras las disposiciones constitucionales se han vuelto en una norma de incumplimiento desde el Estado ecuatoriano, es así que el 6% para educación, ahora con el Gobierno del denominado “Nuevo Ecuador”, tampoco se cumple, pues debió destinar USD 7034 millones, pero solo se presupuestó USD 4642 millones. En Salud, se asigna 3.6% del PIB cuando debería asignarse el 4% del PIB, equivalente a USD 4800 millones para garantizar el derecho a la salud de la población. Un rubro importante de los ingresos corresponde a transferencias de capital en el que unos USD 2.840 millones, corresponden a “la monetización y venta de activos” aparte de la renegociación con las telefónicas que, por renovación de contrato, el Estado recibiría apenas USD 150 millones, aunque por el lado de los ingresos no permanentes, se afirma que esas renegociaciones incluirían unos USD 410 millones por la red 5G y otros USD 230 millones por la venta de las antenas de CNT, luego que quebraron a la empresa de telefonía celular pública. Otros USD 2.000 millones se generarían con la “extensión y modificación de varios contratos de participación para la explotación de hidrocarburos”, que, seguramente implicarán a los mejores campos petroleros, los yacimientos de gas en la costa, es evidente que la mira privatizadora, el Gobierno, por ahora, la tienen puesta en el área petrolera y telefónica. A esto sumado que en la proforma hay un recorte de USD 39 millones en inversión educativa, se destina apenas USD 54 millones para reestructuración de la infraestructura educativa, cuando el propio Ministerio de Educación cuantificaba en USD 800 millones la inversión para reparar los locales educativos, eso sin tomar en cuenta las nuevas afectaciones que serán resultado del fenómeno de El Niño, que pone en riesgo a 4.791 planteles educativos según MinEduc. Se disminuyen aproximadamente USD 919 mil de las asignaciones para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y un recorte de más de USD 3 millones para la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi que representan casi el 50% del presupuesto del año anterior, afectando los derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como las obligaciones del Estado ecuatoriano referente al Convenio 169 de la OIT. A esto sumado que las cifras oficiales de la Proforma del Presupuesto del año 2024 establecen un recorte equivalente a aproximadamente USD 162 millones a 28 instituciones del Sistema de Educación Superior. Tampoco existe en la proforma recursos específicos para un Programa de reinserción escolar, orientado a los más de 200 mil niñas, niños y adolescentes que se vieron obligados a abandonar las aulas; no hay fondos significativos para un proceso de fortalecimiento al rendimiento académico en estudiantes luego de los resultados de las evaluaciones Ser Estudiante presentados por INEVAL; capacitación docente, acceso a las tecnologías y conectividad. No existe presupuesto para la ejecución de varios derechos como escalafón, ascenso, recategorización, concursos de méritos y oposición, pago a los 9 mil docentes discriminados de la equiparación salarial…
El presidente Noboa, en el presupuesto del 2024, incumple con las obligaciones constitucionales y legales, incluido varias sentencias de la Corte Constitucional, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. En global, las obligaciones estatales con el IESS en este año ascienden a USD 3.706 millones; pero, se asignan únicamente USD 2.392 millones, incrementando la deuda del Estado con el IESS en USD 1.313 millones, este recorte afecta de manera directa a los rubros de salud del IESS y al seguro social campesino. La obra pública es una de las áreas de menor inversión en la proforma del Presupuesto 2024, con una asignación que no llega a los USD 380 millones; de ellos se asigna USD 116 millones a la reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, es decir, se invertirá más en cárceles que en educación o mientras el sistema vial nacional se encuentra en condiciones críticas y la infraestructura pública necesita de programas de mantenimiento que mantengan las inversiones ejecutadas en años pasados, sin considerar las necesidades de nueva obra pública para el desarrollo social.En el sector agropecuario se destinan apenas USD 32,68 millones para subvenciones, aseguramiento agropecuario e incentivos, que es una cantidad insignificante frente a la urgente necesidad de inversión para la reactivación económica del campo, la tecnificación y mecanización de la producción agrícola, como una alternativa sustentable y específica de desarrollo económico, generación de plazas de trabajo. Causa preocupación, considerando que este año ya se sienten los efectos del “Fenómeno del Niño” que amenaza con ser devastadores en varias zonas del país, al margen de otros riesgos naturales o antrópicos al que se encuentra expuesto el país por su situación geográfica e índices de vulnerabilidad. El recorte presupuestario en la Secretaría de Gestión de Riesgos es del 77,11% en comparación al presupuesto codificado 2023. El año pasado se asignaron USD 82.29 millones mientras que en la proforma presupuestaria se estiman asignar USD 18,84 millones. Es decir, el recorte alcanza los USD 63,45 millones, poniendo en grave riesgo las capacidades de respuesta del ente rector de la política pública en riesgos de desastres, teniendo a la mano todas las herramientas que prevén graves afectaciones a grupos humanos por fenómenos naturales en el presente año, lo cual es, por decir lo menos, irresponsable, entendiendo que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar una vida digna y seguridad a su población. Los recortes en este sector no es otra cosa que una expresión de la visión limitada que tiene el Gobierno en seguridad, pues el tema de la seguridad pasa también por aspectos de gestión de riesgos, protección ante amenazas externas, mantenimiento de la infraestructura, fortalecimiento de prácticas responsables ante el ambiente, entre otros. Desde la Unión Nacional de Educadores presentamos desde días atrás a los 137 asambleístas un análisis detallado del PGE 2024 y sus recortes en educación, salud, emergencia…
Hoy volvemos a demandar que más allá de declaraciones pomposas desde el Legislativo se actúe acorde a los intereses de los pueblos del Ecuador y bajo lo determinado en la Constitución, cuando un Gobierno no cumple con destinar los presupuestos necesarios se observe la Proforma PGE 2024. Informamos a la opinión publica que desde la UNE ratificamos nuestra convocatoria a la jornada nacional de movilización para este jueves 21 de marzo en varias provincias del país en defensa del presupuesto a educación, salud, trabajo y seguridad.