Por: Andrés Quishpe
Varios estudios señalan que en el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible proteger de sobremanera al docente. Sin olvidar que nuestros niños (as) son también sujetos de derechos. Sin embargo, estos y otros objetivos chocan con la realidad de nuestro Sistema Nacional Educativo, el cual, en los últimos años ha tenido como uno de sus signos de identidad la profusa incorporación de tareas de tipo administrativo y burocrático al trabajo de los directivos y docentes. Uno de los efectos perversos ha sido la despedagogización de la educación, la alteración del rol de los docentes que ha debilitado nuestras funciones de formadores y ha provocado sobre carga laboral.
En este Día del Maestro (a) recibimos con sano orgullo cada reconocimiento y augurio, pero demandamos que sea todos los días y que el Estado trabaje para que la pedagogía vuelva a las aulas, solo así vamos a devolver la autoridad al docente. Es urgente la priorización del aprendizaje, donde la relación docente-estudiante sea el centro; esta prioridad ―que debería ser natural― constituye un imperativo para el mejoramiento de la calidad educativa. El cambio involucra en primer lugar a los docentes, pero se extiende también al gobierno de turno, personal directivo y a la institución como conjunto. Toda la estructura y recursos precisan colocarse al servicio de los aprendizajes.
La pedagogización del sistema obliga también a pensar en la seguridad, salud física y mental de las y los profesores, ya que según varias investigaciones enfrentamos enfermedades como: trastorno de la voz (disfonía), afecciones respiratorias, dolores lumbares, gastritis, estrés, Burnout, fatigas crónicas, entre otras. Adicional, datos de UNE o FGE señalan que más de 1000 maestros (as) han sido extorsionados e intimidados; solo en las tres últimas semanas 10 profesores fueron agredidos físicamente. Enfrentar esta realidad demanda comenzar a mirar que la docencia se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo; lo que implica una modificación a varias normas jurídicas, demanda inversión económica y la definición de una política pública educativa pensada desde el aprendizaje y no desde la burocracia, vigilancia, control y castigo.
Por otra parte, es necesario entender que la cuestión docente demanda una mirada integral sobre todos los componentes de la carrera docente: ingreso, formación inicial, capacitación en servicio, sueldos dignos, estabilidad laboral, evaluaciones constructivas y no punitivas, respeto a la jornada laboral; es decir un ejercicio de todos los derechos de parte de los 215. 030 profesores que según datos de MinEduc trabajan en el Sistema Nacional de Educación y de los cuales 161 mil docentes pertenecen al sector público: 115.046 cuenta con nombramiento definitivo, 12.324 con nombramiento provisional y 33. 493 laboran con contratos ocasionales.
Los profesores somos trabajadores intelectuales y es por eso que demandamos la construcción de un nuevo modelo educativo; recuperar la Ley de Carrera y Escalafón de los profesionales de la Educación y eliminar toda forma de tercerización laboral, realidad que sucede con las educadoras adscritas al MIES a quienes ni siquiera les pagan a tiempo sus sueldos. Por ende, demandamos gratitud y respeto de hechos y no solo de palabras.