El 18 de agosto de 2023, la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 246 y 266 y las transitorias primera, sexta y séptima del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). El 26 de abril, el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió ADMITIR a trámite la acción pública de inconstitucionalidad 74-23-IN. Para lo cual, otorgó el término de 15 días, contados desde la notificación al Ministerio de Educación (MinEduc), para que defienda o impugne la constitucionalidad de las disposiciones demandadas. Dicho tiempo culminó el 30 de mayo y la ministra de Educación, Alegría Crespo, mediante Informe MINEDUC-CGAJ-DNNJE-2024-014, respondió a la Corte Constitucional señalando que la Acción de Inconstitucionalidad planteada por UNE es improcedente, defendiendo de esta manera el reglamento antidemocrático e inconstitucional que dejó aprobando el gobierno de Lasso y su ex ministra Brown.
El pedido de la ministra Crespo de rechazar la demanda de inconstitucionalidad a ciertos artículos del reglamento a la LOEI, es una clara afrenta al Magisterio, pues desde el gobierno de Lasso, el Reglamento viene siendo utilizado como un filtro en los derechos de los maestros (as) y afectando al desarrollo de las condiciones de la carrera docente; dejando a más de 15 mil profesores, con más de 25 años de servicio, sin el proceso de escalafón (Transitoria Trigésima Tercera – LOEI); más de 7 mil profesores sin equiparación salarial; 127.237 profesionales de la educación sin acceso a concursos de méritos y oposición y aproximadamente mil que demandan se aplique el proceso de sectorización general en todas las zonas del país.
A esta realidad se suma que en el Régimen Costa y Galápagos ha transcurrido un mes de actividades académicas y no llega la alimentación y textos escolares. A pesar de los documentos y denuncias entregadas en las mesas técnicas entre UNE y MinEduc respecto a extorsión, intimidación, robos, violencia psicológica; varios docentes continúan desarrollando sus actividades en los mismos planteles donde su vida está en peligro. En vez de reducir las amenazas, estas tienden a crecer sobre todo en provincias como: Manabí, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Pichincha. No se identifican acciones y políticas públicas concretas para garantizar aulas y barrios seguros.
Está claro que el denominado Gobierno del “Nuevo Ecuador” no tiene problema alguno en reafirmar la política neoliberal que dejó Lasso en el sector social. Aprendió bien dicha lección e incluso la fortalece mediante la nueva carta de intención firmada por el ministro de Economía y Finanzas con el Fondo Monetario Internacional. El 23° acuerdo con el FMI, hasta ahora, ha implicado la elevación del IVA al 15%; elaborar una reforma tributaria que condono miles de dólares por concepto de obligaciones tributarias pendientes a los sectores más pudientes y ahora las declaraciones desafiantes del Gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles durante el 2024, que no es otra cosa que elevar el costo de la vida a los sectores populares.
Desde la UNE, una vez que se han presentado varias propuestas al Gobierno y este no entiende que la inseguridad se enfrenta con trabajo, salud y educación, y no metiendo la mano a los bolsillos de los ecuatorianos o negando derechos, hacemos un llamado a todas las organizaciones populares FUT, CONAIE, Frente Popular, Ecuarunari, Fenocin a reactivar el colectivo de organizaciones sociales para enfrentar, de manera unitaria y en acciones concretas, la ofensiva neoliberal. De igual forma, nos declaramos en asambleas permanentes y retomamos las acciones de movilización en las 24 provincias del país a partir del 4 de julio para exigir a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de los artículos 246 y 266 y de las transitorias primera, sexta y séptima del Reglamento a la LOEI; así como el rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles.
Comité Ejecutivo Nacional – UNE