La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha sido recibida por autoridades del Ministerio de Educación y en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a quienes expresamos nuestra preocupación y condena frente a todas las formas de violencia que siguen atentando contra la vida y los derechos de los niños, niñas, adolescentes, docentes, madres y padres de familia.
La UNE está desarrollando un monitoreo del estado de los derechos de la niñez, adolescencia y del Magisterio en las 24 provincias del país, cuyos datos y análisis cuantitativos y cualitativos han sido entregados a los gobiernos de turno y a varias instituciones del Estado; se observa que persiste la urgencia en una mejor articulación de los mecanismos desde el Gobierno ecuatoriano, sus instituciones, las familias y la sociedad para brindar respuestas urgentes ante las graves circunstancias que enfrentan el Sistema Nacional de Educación, que no está aislado de los problemas sociales, económicos, políticos y de seguridad que afectan a nuestra sociedad.
Solo en los meses de noviembre y diciembre se han presentado hechos que obligan a reafirmar nuestra relación con la niñez y el Magisterio, para reflexionar sobre cómo se encuentra el compromiso de las autoridades de Gobierno y de educación con el cumplimiento y ejercicio de derechos establecidos en nuestra Constitución, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley Orgánica del Servicio Público, en la Convención de los Derechos del Niño (a), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), entre otros cuerpos legales…
A los maestros, estudiantes, padres y madres de familia nos preocupa los últimos hechos marcados por altos niveles de violencia, tales como: el asesinato de cuatro niños menores de 7 años mientras dormían en su casa en el Guasmo Sur, barrio periférico de Guayaquil, el pasado 11 de diciembre. Este no es un caso aislado, hasta agosto del 2023, la DINASEP señaló que 380 menores de edad fueron asesinados al estilo sicarito; sin embargo, diario El Universo, del 12 de diciembre, señaló que son 455 niños, niñas y adolescentes los que han muerto durante este año. Acabamos también de enfrentar, el 22 de diciembre pasado, el secuestro de tres menores y su padre en el sector Cañalito, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, (según fuentes oficiales el padre se resistió a pagar las vacunas y la delincuencia, como mecanismo de presión, optó por el secuestro).
En ese mismo día se conoció de la sanción a las autoridades del Colegio San Gabriel, de Quito, por un caso de violencia sexual de parte de un “profesor” contra tres estudiantes; también se supo el caso de los cuatro niños abusados sexualmente por un supuesto psicólogo de una escuela fiscal en Guayaquil. A esto se suman los diferentes altercados entre estudiantes, denunciados por medios de comunicación y padres de familia en varios planteles por la denominada disputa de territorios para el microtráfico. También está el caso del profesor Galo Simón Balseca Cruz, asesinado en una unidad de transporte público luego de culminar su jornada laboral. Se cuentan por cientos las denuncias de maestras y maestros que son extorsionados con el método denominado “vacunas”, o amenazados de muerte por parte de grupos delincuenciales, dónde incluso varios dirigentes de UNE son víctimas. Es necesario señalar que varias de las denuncias presentadas por profesores a Fiscalía fueron entregadas al Ministerio de Educación en la reunión efectuada entre este ministerio y la UNE el viernes 22 de diciembre del 2023. A esto hay que sumar los 205.289 niños, niñas y adolescentes que han abandonado las aulas. Según varios estudios, la deserción escolar tiene como principal causa la pobreza. Según el Departamento de Aduanas y Protección fronterizo norteamericano, entre los meses de octubre del 2022 y septiembre del 2023, 3.895 niños (as) fueron ubicados en pasos fronterizos de los EE. UU, sin sus padres.
Estas cifras y hechos, no solo preocupan sino que indignan. La violencia no es de ahora, es intrínseca del actual sistema; sin embargo, hasta hace pocos años no ocurría este tipo de delitos. El encarcelamiento, asesinato, migración, abandono escolar de nuestros, niños, niñas y adolescentes es resultado de un Estado que ha abandonado la salud, educación, recreación, cultura y trabajo. En el Ecuador se ha dejado de reconocer los derechos de la niñez y adolescencia como parte de los derechos humanos.
Llamamos la atención de las instituciones del Estado y al Gobierno, a fin de que se atienda y solucione esta crisis con un enfoque de derechos, superando la mirada hacia la niñez, adolescencia y ahora a los docentes como una estadística. Los derechos de nuestros estudiantes y del Magisterio deben estar en el centro de la gran discusión nacional sobre derechos humanos. La incorporación del principio del interés superior de la niñez, establecidos en la Constitución, no puede seguir siendo adjetiva para las autoridades y poderes públicos. Demandamos que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se vele por este principio, garantizando de manera plena todos los derechos. Los niños/as y jóvenes tienen derecho a la alimentación, salud, educación, textos escolares, sano esparcimiento y vida libre de violencias, para su desarrollo integral, derechos que también tenemos los docentes y las familias.
Sería reprochable que en el próximo año se mantengan la inseguridad y los problemas de violencia que aquejan al Ecuador, es necesario enfrentarlos desde lo social y educativo y no solo desde una perspectiva policial, militar o con reformas de tipo penal-populistas. Entre otras medidas, se requiere la ampliación de la oferta institucional en temas de políticas sociales para la generación de empleo, salud, educación, seguridad alimentaria, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en las 24 provincias del país, teniendo en cuenta enfoques étnicos, de género, de carácter etario, entre otros, y se prioricen las zonas más apartadas (“denominadas rojas”), donde menos presencia del Estado existe.
Es necesario el fortalecimiento de las familias, la comunidad educativa y la sociedad, como clave para entender a las niñas, niños y adolescentes, como verdaderos sujetos de derechos, capaces de influir en las dinámicas de construcción del tejido social en el territorio, desde verdaderos escenarios de participación y donde su protección sea punto de partida. Recuperar la relación escuela y comunidad es una necesidad urgente para enfrentar los problemas de violencia e inseguridad. No podemos, y no debemos olvidar, que la escuela pública es un centro de formación humana, pero también de tejido social.
Es urgente que el Gobierno fortalezca y priorice acciones para la prevención del reclutamiento, uso y/o utilización de niñas y niños en el marco del conflicto con las bandas delincuenciales, narcotráfico y las violencias relacionadas; es necesario la actualización de las políticas públicas a los contextos actuales y la designación de recursos para acompañar a las personas menores de 18 años y sus familias, especialmente cuando se requieren medidas urgentes y acciones afirmativas que contribuyen en la protección de la niñez y de los docentes amenazados por la delincuencia. Es imprescindible declarar en emergencia a la educación en el 2024 para la planificación y ejecución de algunas de las propuestas señaladas.
Comité Ejecutivo Nacional – UNE