La inseguridad no da tregua y golpea de forma despiadada a toda la comunidad educativa. Hoy, ejercer la docencia en Ecuador se ha convertido en una profesión de alto riesgo. En apenas un mes, los hechos violentos se han multiplicado: tan solo al inicio del año lectivo 2025-2026 en el régimen Costa – Galápagos, tres profesores fueron secuestrados cuando se dirigían a dar clases en El Fortín, noroeste de Guayaquil; un docente fue encontrado sin vida la mañana del miércoles 28 de mayo, en el estero El Macho, al norte de la ciudad de Machala; la semana pasada, una docente fue baleada dentro de un plantel educativo en Esmeraldas; el lunes 9 de junio, una pareja fue brutalmente asesinada frente a la escuela César Andrade, en el sector de Mucho Lote 1, al norte de Guayaquil; y en Rumiñahui (Pichincha), intentaron secuestrar a un estudiante. Lo más preocupante es el aumento de casos de extorsión, conocidos como “vacunas”, que afectan a docentes en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro. En las dos últimas semanas, más de 100 maestros han reportado distintos tipos de amenazas relacionadas con esta modalidad delictiva.
Estos sucesos no son aislados: son la expresión de un país que ha dejado de proteger a quienes educan, cuidan y forman a las nuevas generaciones. ¿Cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuántos docentes más deben ser silenciados por la violencia? ¿Cuánto más debe resistir una comunidad educativa abandonada por el Gobierno? Mientras maestros, maestras, arriesgan sus vidas por sostener el derecho a la educación en medio del miedo, el Gobierno de Daniel Noboa guarda silencio. No hay políticas sociales de prevención, ni reacción, ni garantías mínimas de seguridad.
Frente al abandono, desde la Unión Nacional de Educadores hemos armado casas de seguridad en varias provincias del país, líneas telefónicas seguras para los docentes víctimas de extorsión o amenazas, y redes de acompañamiento psicológico. Sin embargo, ya no es suficiente ante los elevados niveles de inseguridad y violencia que afecta al Sistema Nacional de Educación.
Como UNE, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que se investiguen estos crímenes y delitos con celeridad. Insistimos en declarar a la educación en emergencia. Asimismo, debe implementarse con carácter urgente un Plan de Espacios Educativos Seguros para los 200 días del año lectivo, que garantice la vida, la integridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, así como un plan de reinserción escolar. ¡No podemos normalizar la violencia! La vida y la seguridad son derechos humanos de todas y todos.