Desde la Unión Nacional de Educadores denunciamos ante el país, un grave caso de posible nepotismo y conflicto de intereses en el Gobierno. El 27 de julio de 2025, Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, suscribió un contrato de asesoría legal con OCP Ecuador (Compañía de Oleoductos de crudos pesados) por USD 20.000, pese a la prohibición expresa contenida en el Código de Ética de la Función Ejecutiva, expedido por el propio presidente Noboa.
OCP Ecuador pasó a ser una entidad pública desde el 30 de noviembre de 2024, al concluir su proceso de transición al Ministerio de Energía. Por tanto, la contratación del cónyuge de la vicepresidenta constituye una transgresión directa al artículo 5 del Código de Ética de la Función Ejecutiva, así como una posible vulneración a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal, por conflicto de intereses.
Este hecho no es aislado. Se suma a otros casos que evidencian un patrón preocupante de beneficios a entornos familiares del poder, como los conflictos de interés alrededor del proyecto inmobiliario en Olón, vinculado a la primera dama, la contratación pública con empresas relacionadas indirectamente con familiares del presidente en sectores estratégicos como alimentación escolar, y las ventajas tributarias otorgadas a empresas del grupo Noboa mediante remisiones y reducciones de deudas.
Exigimos una investigación inmediata. No se puede normalizar que mientras se recortan derechos, como la educación, el empleo y la salud, el Gobierno utilice el Estado para beneficiar a sus familias y círculos cercanos. El país merece ética y transparencia, no discursos que se contradicen con la realidad.