El 18 de agosto de 2023, la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 246 (Tipos de autoridades) y 266 (Escalafón docente) y las transitorias primera, sexta (Equiparación salarial – docentes sin títulos en educación) y séptima del Reglamento General a la LOEI.
El 26 de abril, la Corte Constitucional resolvió ADMITIR a trámite la acción pública de inconstitucionalidad 74-23-IN. Para lo cual, otorgó 15 días, desde la notificación al Ministerio de Educación (MinEduc), para que defienda o impugne la constitucionalidad de las disposiciones demandadas. Dicho tiempo culminó el 30 de mayo y la ministra de Educación, Alegría Crespo, mediante Informe MINEDUC-CGAJ-DNNJE-2024-014, respondió a la Corte Constitucional señalando que la Acción de Inconstitucionalidad planteada por UNE es improcedente, defendiendo de esta manera el reglamento antidemocrático e inconstitucional que dejó aprobando el gobierno de Lasso y su ex ministra Brown.
La respuesta de la ministra Crespo es una clara afrenta al Magisterio, pues desde el gobierno de Lasso, el Reglamento es utilizado como un filtro en los derechos de los maestros (as) y afectando al desarrollo de las condiciones de la carrera docente; dejando a más de 15 mil profesores, con más de 25 años de servicio, sin el proceso de escalafón (Transitoria Trigésima Tercera – LOEI); más de 7 mil docentes sin equiparación salarial; 127.237 profesionales de la educación sin acceso a concursos de méritos y oposición y aproximadamente mil que demandan la aplicación del proceso de sectorización general. El reglamento a la LOEI es también una traba a los procesos de ascenso y recategorización automática ya que desconoce los años de servicio y, aproximadamente, 88 maestrías en educación e impone el PhD como filtro.
A esto se suman los problemas de inseguridad de los cuales somos víctimas toda la comunidad educativa. Mientras salud, educación, trabajo, seguridad están abandonados, se atienden las demandas del FMI mediante el 23° acuerdo que, hasta ahora, ha implicado la elevación del IVA al 15% y busca eliminar los subsidios a los combustibles, generando pobreza y elevando aún más el costo de la vida.
Frente a esta realidad, convocamos al Magisterio, madres, padres de familia, estudiantes, personal administrativo a participar de las asambleas permanentes en todo el país y retomar las acciones de movilización para exigir a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de los artículos 246 y 266 y de las transitorias primera, sexta y séptima del Reglamento a la LOEI; así como el rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles y se declare en emergencia a la educación pública.
¡Adelante, Magisterio, unidos venceremos!
#ÚneteALuchar
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