La Unión Nacional de Educadores (UNE) expresa su más profunda indignación y consternación por los recientes hechos violentos ocurridos en los exteriores de dos planteles educativos: el asesinato de un estudiante de 14 años a la salida de un colegio en Pascuales, Guayaquil y el de una estudiante de 16 años frente a su establecimiento educativo en Manta.
Estos hechos son la expresión del crecimiento de la violencia e inseguridad que vive el Ecuador. Exigimos al Gobierno y Estado que investigue lo sucedido en ambos casos y que se haga justicia.
Extendemos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y la comunidad educativa de cada institución que están absorbidas por el temor y consternación frente a lo sucedido.
Condenamos que las narrativas desde la Policía y el Gobierno giren en torno a criminalizar y satinazar a dos adolescentes de sectores populares. Desde años atrás como educadores venimos alertado, que la violencia y el reclutamiento forzado han traspasado los barrios y están presentes en los espacios educativos.
Le recordamos al Gobierno que el estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado señala que, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están propensos a ser reclutados por GDOs y donde las principales causas son la pobreza y la narco cultura. Ahora resulta que en menos de 24 horas el Gobierno sale a afirmar públicamente que la adolescente de 16 años era “informante” de un grupo de delincuencia organizada; dejando de lado las causas por las cuales nuestros niños, niñas y adolescentes son propensos al reclutamiento y a la cercanía con estos grupos. Y por último, si esto es verdad qué está haciendo el Estado para sacar de esta realidad a nuestra niñez y precautelar su integridad. Son dos vidas en una semana. Y cada respuesta vacía lo único que evidencia son justificaciones que normalizan la violencia y expresan la dura realidad de ser niño, niña, adolescente o joven en el Ecuador
Desde la UNE seguiremos demandando que la educación y salud se declaren en emergencia para que se destinen los recursos necesarios porque es urgente que se garantice la vida, trabajo, bienestar e integridad de nuestros estudiantes y la comunidad educativa, con un plan de seguridad que contemple los 200 días del año lectivo y la realidad de inseguridad que vive el país.