Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazamos enérgicamente la decisión de la Corte Provincial de Bolívar, que el pasado 19 de febrero, mediante voto mayoritario, ratificó una sentencia injusta contra seis defensores del agua en Las Naves, Echandía y San Luis. Estas personas han sido declaradas culpables de un delito que no cometieron y condenadas a tres años de prisión por el simple hecho de proteger el agua, el territorio y los recursos naturales.
Nos solidarizamos con los compañeros injustamente criminalizados y juzgados: Fredy D., Luis B., Luis C., Oswaldo L., Ángel R., Carlos Y., así como con quienes fueron sentenciados esa misma semana: Gilberto T., Fausto A., y Wilfrido E. Extendemos nuestro respaldo a todos los defensores del agua y el territorio que enfrentan procesos judiciales bajo acusaciones de terrorismo, crimen organizado y otros tipos penales en las provincias de Bolívar, Los Ríos, Cotopaxi y Azuay, solo por oponerse al extractivismo.
Asimismo, condenamos las ilegalidades del proyecto minero Curipamba – El Domo, impulsado por las empresas Salazar Resources y Adventus Mining, que pone en riesgo la vida y el bienestar de la población de la provincia de Bolívar.
Hacemos un llamado a las autoridades, a la Corte Nacional de Justicia y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que observen de cerca este caso de injusticia y exijan la rectificación de una sentencia que criminaliza la defensa de la vida.