Mientras el gobierno destina el contingente policial para reprimir al pueblo en Chimborazo, Loja, Bolívar, Azuay, Imbabura y Pichincha, la inseguridad y la violencia siguen cobrando vidas. El Universo reportó que el pasado 29 de septiembre en Daule, un docente fue asesinado, reflejando el abandono y la falta de respuesta frente a la crisis de seguridad.
Hasta agosto de 2025, se contabilizan 386 menores asesinados en el país según cifras oficiales del Ministerio del Interior. Los efectivos policiales que hoy son enviados a reprimir la protesta social deberían estar resguardando las denominadas zonas calientes, así como los alrededores de los espacios educativos, donde la vida de la niñez, la juventud y la comunidad educativa se encuentra en constante amenaza.
Ante esta grave realidad, insistimos en que la salud y la educación sean declaradas en emergencia. En vez de reprimir al pueblo que no es terrorista por luchar en defensa de sus derechos que se combata en los hechos a la inseguridad que cada día crece con más fuerza en el país.