Mediante denuncias públicas en redes sociales se pudo conocer de la remoción del cargo de la rectora del Colegio Emiliano Crespo ubicado en Santa Elena (Olón). Es necesario señalar que esta decisión fue adoptada por la dirección distrital horas luego que la rectora suscribiera la resolución que dio marcha atrás al acuerdo firmado entre el presidente de la Comuma Olón y los delegados de Vinazin (empresa vinculada a la primera dama Lavinia Valbonesi junto a otros representantes del Gobierno y el movimiento político ADN), constituyéndose en una clara persecución política; no es para nada un proceso regular.
De no ser por las denuncias públicas, esta decisión de reubicación se mantendría. No es el primer caso donde una autoridad es removida por un distrito sin cumplir con el procedimiento establecido en la Ley, esto es, entre algunos requisitos: incluir la debida justificación en la planificación institucional, conformar una terna, así cómo contar con la debida autorización de una autoridad de rango superior. Esta realidad que se presentó con la rectora del Colegio en Olón y que, por la presión pública, se ha visto obligada a reconocer y modificar la MSc. María Belén Palacios, subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativa, mediante su cuenta de X, es una constante una vez que un docente o autoridad participa de una denuncia en bienestar de su comunidad o en defensa de sus derechos.
La persecución y retaliación al Magisterio es también producto de que los Distritos en Educación se han convertido en botín político de los gobiernos de turno. Su personal no cumple con el debido perfil y su visión es la de vigilancia, control y castigo, a esto se suman los actos y denuncias de corrupción constantes en venta de cargos, partidas y traslados.
Estos escenarios se replican en los rectorados. Desde el año 2021 no se finaliza el Concurso de Méritos y Oposición de Directivos. En consecuencia, los cargos de Directores y Rectores quedan, en la práctica, a disposición de cada ministro (a). Hay rectores que duran 3 meses y son cambiados si no son de agrado de la “autoridad” o por pagar un favor político. En este Gobierno tampoco se finalizará el concurso ya que no están designados los respectivos recursos.
Todos estos contextos que evidencian cómo está politizada la educación a intereses del poder de turno son también elementos que no permiten alcanzar una buena educación. Desde la Unión Nacional de Educadores llamamos a la sociedad y medios de comunicación a conocer a profundidad, investigar y actuar frente a este y otros temas ya que la educación requiere ser una prioridad de Estado para salir de la crisis de inseguridad y violencia que vivimos. Por estas irregularidades, la UNE demanda la necesidad de declarar en emergencia a la educación pública.
De igual forma exhortamos a la actual ministra de Educación sanear los Distritos de Educación, ubicando a personas con el debido perfil. Sin autoridades de calidad es imposible alcanzar una educación de calidad.