La Asamblea Nacional, una vez que ha sido acorralada junto al Gobierno en la eliminación de varios derechos laborales mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública, hoy busca rectificar la eliminación de la compensación económica jubilar. Con lo cual nos dan la razón. A como dé lugar, pretenden corregir la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, incorporada en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que afectaba el incentivo económico jubilar a docentes, médicos, enfermeras y demás servidores públicos que tienen más de 60 años y superen las 360 imposiciones.
En el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas,la Asamblea incluye en la Transitoria Séptima el siguiente texto: “Sustitúyase en el segundo inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, la frase “a partir de los sesenta y cinco (65) años” por la siguiente frase ” a partir de los sesenta (60) años “.
Esta intención da razón a la demanda realizada por la Unión Nacional de Educadores y demás organizaciones sociales y populares que han presentado más de 6 demandas de inconstitucionalidad contra esta Ley que vulnera los derechos de los trabajadores y servidores públicos.
Sin embargo, alertamos que la denominada Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas representa una clara vulneración del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales al no contar con la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de los territorios involucrados. De igual forma, abre la puerta a la privatización de territorios ancestrales mediante mecanismos que debilitan el control comunitario. Razones por las cuales, la inserción de ciertos textos no debe ser utilizada para comprar votos en la Asamblea Nacional que, en menos de dos meses, ha aprobado tres leyes que violentan varios derechos.
Desde la Unión Nacional de Educadores, ratificamos la movilización del 11 de julio, ya que la demanda de inconstitucionalidad presentada apunta también a defender la estabilidad laboral, entre otros derechos, así como la declaratoria de la educación en emergencia.
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