Para el nuevo año lectivo 2025-2026, en el régimen Sierra-Amazonía, retornarán a las aulas más de 1,7 millones de niñas, niños y adolescentes de los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. Sin embargo, este inicio se da en un contexto de serias problemáticas que ponen en riesgo el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. 

Pobreza e inequidad limitan el derecho y permanencia en el Sistema Educativo Nacional

Un informe elaborado por la plataforma tecnológica Mattilda, que revisa la realidad económica de los planteles educativos, determinó que alrededor de 120 mil estudiantes, pasaron de instituciones particulares a públicas en los últimos cinco años. Esta realidad obedece a la marcada pobreza que incrementa en el país, donde según un estudio del Banco Mundial, tres de cada 10 ecuatorianos están en una situación económica al límite y, de seguir así, caerían en la pobreza en los próximos dos años y, la denominada clase media y alta, no crecería.

Por otra parte, entre 2021 y 2024, la Superintendencia de Competencia Económica identificó un incremento injustificado en los precios de los textos escolares en colegios particulares de la Sierra y Amazonía. Dicho mercado está concentrado en pocas editoriales, lo que evidencia prácticas poco transparentes que limitan el acceso equitativo.

Frente a esta realidad es evidente que el Ecuador necesita estructurar un plan de contingencia entre instituciones educativas particulares y públicas frente a la grave crisis económica que permita garantizar el derecho al acceso y permanencia en la educación. A esto se suma que MinEduc, desde el 2021, no publica las tarifas autorizadas para las pensiones de los planteles particulares, la cual es necesaria para frenar todo abuso y actuar bajo lo que determina la ley.

Escasa inversión en infraestructura  

La infraestructura educativa en el país continúa evidenciando graves deficiencias, con instituciones catalogadas en estado “regular” y sin inversión suficiente para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje. La realidad es tan cruda que la ministra de Educación, Alegría Crespo, en rueda de prensa del miércoles 27 de agosto, informó las condiciones de inicio del nuevo año lectivo. Pero no señaló ningún dato referente a cuántas instituciones educativas han sido intervenidas en el régimen Sierra y Amazonía, más aún cuando desde el 2023 (censo MinEduc) se identificó que el 90% de planteles educativos necesitaban algún tipo de intervención. 

Frente a esta realidad proponemos: 

• En la Proforma General del Estado del 2024 el Gobierno de Noboa recortó USD 39 millones a inversión educativa, este dinero debe ser restituido junto a un incremento en la PGE del 2025.
• Desarrollo de un nuevo censo de infraestructura escolar con el propósito de identificar de manera más amplia y objetiva el estado físico de los espacios de aprendizaje de las instituciones educativas, incluyendo las condiciones de seguridad e higiene, la disponibilidad de mobiliario y equipamiento, entre otros. 
• En mayo del 2024, el Gobierno anunció el financiamiento externo con un crédito de USD 100 millones otorgado por el Banco Mundial y una inversión estatal de USD 45,5 millones destinados a infraestructura escolar. Exigimos que MinEduc informe al país si el crédito del BM se concretó, así como la inversión estatal y en qué provincias y planteles se están usando esos recursos. 

Una vez más no existe plan de reinserción escolar y de seguridad para los 200 días del año lectivo 

Galo López, director de Análisis e Información Educativa del Ministerio de Educación, señaló días atrás a un medio de comunicación que: “Tenemos una tasa de matrícula que bordea el 90% y que corresponde a 4.059.952 estudiantes. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que la población de niños y adolescentes es de 4,5 millones. Es decir, hay alrededor de 450.000 que no están inscritos”.  A este argumento se suma otro: “La población de Ecuador está decreciendo y, por eso, hay menos matriculados”. 

Frente al alto número de estudiantes excluidos del derecho a la educación, frente al crecimiento de asesinatos a menores de edad en un 50% solo en el primer semestre del 2025 es urgente salir de las miradas cuantitativas que lo único que han provocado es la definición de políticas públicas dirigidas a comparar y clasificar. Donde han predominado las miradas estadísticas en detrimento de las miradas educativas, sociales e integrales. 

Proponemos dar un salto cualitativo mediante la construcción de un plan nacional de reinserción escolar, pues el programa “Cuidamos de Ti”, vigente desde septiembre de 2024, no es suficiente al no contemplar mecanismos efectivos que aseguren la reinserción, permanencia y promoción de los estudiantes. 

A esto se suma que, una vez más, no se ha presentado un plan de seguridad para los espacios educativos durante los 200 días que dura el año lectivo. Se sigue sin entender que el tema de la seguridad pasa también por aspectos de gestión de riesgos, protección ante amenazas externas, mantenimiento de la infraestructura, fortalecimiento de prácticas responsables ante el ambiente, y por supuesto, por enfrentar y prevenir todo tipo de violencias e inseguridad. 

Existe más publicidad que partidas para docentes 

Durante el gobierno de Daniel Noboa, los concursos de méritos y oposición siguen expresando una cruda realidad, la postulación sobrepasa al número de partidas. En los 3 concursos han postulado 77.000 profesores para apenas 600 partidas, donde se entregaron solo 437 nombramientos, dejando a miles de docentes sin empleo. En el caso de los concursos de directivos, participaron alrededor de 5.000 aspirantes por 399 plazas y varios procesos quedaron desiertos, cientos de instituciones no cuentan con autoridades fijas, lo que impacta en la gestión y proceso de aprendizaje de estudiantes y profesionales de la educación.  

Por su parte, la plataforma EducaEmpleo no ha dado solución al déficit de más de 64.000 docentes, sino que mantiene contratos temporales sin derechos, ni transparencia, profundiza la precarización laboral, incumple la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y pone en riesgo el derecho a la estabilidad laboral. Frente a lo cual proponemos: 

• Eliminar requisitos que restringen el acceso de maestros jóvenes tanto en los concursos de méritos y oposición como en Educa Empleo. 
• Ampliar inmediatamente las 22.000 partidas de docentes que han salido del sistema educativo por jubilación, fallecimiento o renuncia.
• Cumplir con lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que obliga a convocar a concursos de méritos y oposición y los demás requisitos por fuera de la Ley.

“Los maestros son el corazón de la educación”

La ministra de Educación, Alegría Crespo, manifestó en rueda de prensa del lunes 25 de agosto que: “los maestros constituyen el corazón del sistema educativo”. Sin embargo, en contraste con dichas declaraciones, más de 14.000 docentes aún no acceden al beneficio de la Disposición Transitoria Trigésima Tercera. Mediante el Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2025-00335-OF, la funcionaria respondió a la Unión Nacional de Educadores (UNE) que los fondos para garantizar este derecho serían considerados en agosto de 2025; no obstante, hasta la fecha, dicho compromiso no ha sido cumplido.

A esto se suma que persiste la mora patronal que el Ministerio de Educación mantiene con varios distritos, situación que limita el acceso de los docentes a prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como los préstamos quirografarios y otros servicios externos vinculados al seguro social. Solo en la provincia del Guayas, de los 24 distritos existentes, 15 presentan mora patronal, acumulando una deuda que asciende a aproximadamente a 1.500.000 dólares.

Demandamos que MinEduc cancele la mora patronal e informe si en la PGE constan los recursos para la Transitoria Trigésima Tercera hoy septuagésima cuarta.

Presupuesto de papel para educación 

Según los documentos oficiales del Gobierno, se proyecta ingresos por 27.440 millones de dólares y gastos por 33.065 millones en el Proforma Presupuestaria 2025, lo que genera un déficit global de 5.625 millones (4,4 % del PIB). El monto es superior a lo estimado en la proforma 2024, que fue de 4.808 millones de dólares. El incremento en el déficit es del 16,9%. De esos montos se asignan a educación básica y bachillerato 5.287 millones de dólares. 

Es evidente que el Gobierno está presentando cifras infladas en áreas sensibles para ganar respaldo político, o a su vez justificar más endeudamiento interno y externo, así como concesiones (privatizaciones) de activos estratégicos, como campos petroleros y el OCP. A esta realidad se suma que en el primer semestre del 2025 el Ministerio de Educación contó con un presupuesto codificado de USD 865,74 millones para inversión y solo ejecutó el 9,37%. Es fácil colegir que el gobierno ubica cifras para luego recortar o no ejecutar el presupuesto razones por las cuales, demandamos transparencia y menos demagogia en el presupuesto a educación, así como a salud. De igual forma es necesario priorizar recursos para el pago de la deuda social y luego el pago de la deuda externa.  

Un currículo educativo con: Inserciones curriculares llenas de generalidades; sobrecarga laboral y poca libertad para aprender y enseñar  

Un estudio desarrollado por la Fundación Libertad y Progreso y la Universidad San Francisco de Quito, señala que el Ecuador ocupa el puesto 16 de 20 países evaluados en el Índice de Libertad Educativa en América Latina. Destacamos dos limitaciones que señala dicho estudio: Existe una libertad curricular limitada: El 80% del currículo está definido por un tronco común obligatorio nacional, con apenas un 20% de margen para contenidos propios. A eso se suma la ausencia de subsidios en educación: no existen políticas públicas o apoyos económicos directos a las familias para elegir escuelas alternativas.

A esta realidad se añade que, mediante Acuerdo Ministerial MINEDUC-2024-00060-A, se expidió la ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA RENOVACIÓN CURRICULAR. En dicho documento, en los Art. 7, 8,9,10 se habla sobre Inserciones y su implementación en el Currículo Nacional. Las cinco inserciones comprenden competencias en: (1) Educación cívica, ética e integridad, (2) Educación socioemocional, (3) Educación para la seguridad vial y movilidad sostenible, (4) Educación para el desarrollo sostenible y (5) Educación financiera. Sin embargo, resulta ilógico que actualmente en el país se viene implementado la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2017-2030 y el Ministerio de Educación no lo toma en cuenta, demostrando que las inserciones curriculares están llenas de generalidades, sumado a un desconocimiento de parte de profesores, ya que no fueron parte de su elaboración, sin capacitación y materiales pedagógicos; lo cual, al final de cuentas, se constituye en mayor sobrecarga laboral. Por eso, desde UNE insistimos en la necesidad de reformar el currículo de manera integral y el respeto a la jornada laboral de los profesionales de la educación.   

Frente a toda esta realidad es urgente declarar en emergencia a la educación para priorizar recursos y enfrentar de raíz y de manera multilateral todas las problemáticas que enfrenta la escuela pública.  

Referencias:

Banco Mundial. (2024). Datos Banco Mundial. https://data.worldbank.org

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2024). Datos abiertos. https://www.ecuadorencifras.gob.ec

Mattilda. (2024). Panorama financiero de las instituciones educativas en Latinoamérica. Agencia Matilda.

Ministerio de Educación. (2024). Datos abiertos MinEduc. https://educacion.gob.ec

Ministerio de Educación. (2024). Plan nacional cuidamos de ti. Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2025, 28 de agosto). Rueda de prensa Ministra de Educación [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/share/p/1Bwbapj7TH/

Superintendencia de Competencia Económica. (2025, agosto). Estudio de mercado sobre la comercialización de los textos escolares en las instituciones educativas particulares – Región Sierra Amazonía.