La renuncia de Mario Godoy al Consejo de la Judicatura, presentada minutos antes de que el Pleno de la Asamblea Nacional iniciara el debate de su juicio político, no puede maquillarse como un gesto ético. Fue un movimiento calculado para evitar una destitución que ya se veía venir. Durante semanas se intentó sostenerlo políticamente, por parte de ADN y el Gobierno; cuando el escenario cambió y el respaldo se volvió insostenible, apareció la renuncia.
Desde la Unión Nacional de Educadores reiteramos que irse del cargo no significa quedar libre de responsabilidades. Existen serios señalamientos sobre presuntos actos de corrupción y relaciones con estructuras del crimen organizado que deben investigarse a fondo. Exigimos una justicia transparente y autónoma; sin ella, la democracia se debilita y los derechos quedan en riesgo. El país no necesita maniobras para encubrir responsabilidades, sino verdad, sanción y una justicia que no responda a pactos ni a cálculos, sino a la ley. No se puede tener la idea de que como ya renunció, ya no hace falta censurar; la censura es una respuesta institucional.
Además, el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece con claridad que, aun cuando el funcionario ya no se encuentre en el ejercicio de sus funciones, la censura mantiene efectos jurídicos concretos, entre ellos la inhabilitación para ejercer cargo público por el período de dos años. Por tanto, la renuncia no extingue la responsabilidad política ni vuelve innecesario el pronunciamiento de la Asamblea; al contrario, reafirma la importancia de que el proceso continúe hasta sus últimas consecuencias