Aquí la galería fotográfica de la masiva marcha realizada el pasado 13 de marzo de 2026 junto a más de 50 organizaciones sociales. Nos movilizamos porque el país no puede seguir viviendo bajo la sombra del miedo y la precariedad. Mientras el Gobierno anuncia planes de seguridad que en la práctica no existen, el Ecuador ha sido empujado a una realidad insoportable: el país más violento de América Latina, cerrando el 2025 con más de 10.000 homicidios y la tasa de muertes violentas más alta de su historia. Ante esta tragedia nacional, junto a múltiples sectores populares, levantamos la voz con dignidad y firmeza para exigir seguridad real, políticas públicas responsables y un Estado que garantice la vida y la tranquilidad de su pueblo.
Nos movilizamos también porque defender el trabajo digno es defender la vida de miles de familias. El alza salarial para el magisterio y los servidores públicos no es un privilegio: es una medida urgente para recuperar el poder adquisitivo perdido tras más de una década de salarios congelados frente al aumento constante del costo de la vida. A esta injusticia se suma la creciente inestabilidad laboral provocada por reformas regresivas, despidos y políticas que debilitan los derechos conquistados por generaciones de trabajadores.
Marchamos, además, para rechazar decisiones que amenazan los derechos laborales y el desarrollo social del país. La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización busca recortar recursos destinados a programas sociales, educación municipal y servicios comunitarios fundamentales para la vida cotidiana de miles de ciudadanos. A esto se suma el Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que pretende imponer jornadas de hasta 12 horas eliminando, en la práctica, el pago de horas extras, precarizando el trabajo y empujando al país décadas atrás en materia de derechos laborales.
La política del Gobierno es también una amenaza para la vida y para la naturaleza. Así lo demuestra la desaparición forzada de Ismael, Steven, Josué y Nehemías, heridas abiertas que exigen verdad y justicia. Al mismo tiempo, la llamada ley para “fortalecer” la minería y la energía reemplaza las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, dejando territorios, comunidades y fuentes de agua en una situación de profunda vulnerabilidad, mientras se militarizan zonas enteras para proteger los intereses de grandes empresas extractivas.
Exigimos que el presupuesto del país priorice la educación y la salud, no la propaganda política ni el pago interminable de los intereses de la deuda externa. Exigimos un país donde la vida valga más que las cifras y los privilegios.
Por eso marchamos: por la seguridad del pueblo, por el trabajo digno, por la salud y la educación públicas.
Pero también marchamos para enfrentar el avance del autoritarismo y del Estado policíaco que el Gobierno pretende consolidar para proteger sus intereses y garantizar la agenda del FMI. Marchamos porque la democracia no se defiende con silencio, sino con la voz firme de un pueblo que no está dispuesto a rendirse.
