La crisis educativa en el país es evidente, aunque el Gobierno pretenda minimizarla. El colapso del techo del coliseo de la Escuela República de Venezuela, en Quito, ocurrido el domingo 21 de septiembre, es una muestra alarmante de la precariedad de la infraestructura que afecta a más del 90% de Instituciones Educativas a nivel nacional.
A esta realidad se suma una alimentación escolar deficiente, con denuncias de productos en mal estado e incluso con gusanos. En Guayaquil, padres de familia de la Unidad Educativa Quinto Guayas denunciaron la entrega de alimentos contaminados con heces de roedores. A ello se agregan los gastos cada vez más elevados en útiles y uniformes, fruto de la falta de control estatal, que obligan a las familias trabajadoras a hacer sacrificios extremos para garantizar la educación de sus hijos e hijas.
Más de 14 mil maestros y maestras con más de 25 años de servicio siguen esperando el presupuesto para sus procesos de escalafón, compromiso que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Finanzas fijó para agosto y que, hasta hoy, no se ha cumplido. En lugar de cumplir con este derecho, el Gobierno continúa despidiendo docentes y profundizando políticas fondomonetaristas y leyes antipopulares que la UNE ha denunciado permanentemente.
A esto se suma que en varios territorios denominados calientes no están presentes ni policias, ni militares porque el Gobierno prefiere reprimir al pueblo que lucha frente al paquetazo y no a la delincuencia, mientras la ministra de Educación permanece en silencio e indiferente. Frente a este abandono, desde la UNE reafirmamos que es momento de movilizarnos. Exigimos que se destine un presupuesto adecuado para la educación, que se declare al sistema educativo en emergencia y que se atiendan de inmediato las necesidades urgentes de toda la comunidad educativa.