La Asamblea Nacional aprobó el sábado 29 de noviembre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. Desde la Unión Nacional de Educadores expresamos nuestra preocupación por la forma en que se proyecta su distribución y proyección en el sector educativo. En particular, alertamos sobre los siguientes puntos:
- El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, dentro de su documento: Proforma Presupuesto General del Estado – Periodo Fiscal 2026 no contempló los recursos económicos para la Transitoria Trigésima Tercera (escalafón) afectando, por tercer año consecutivo, a más de 14 mil docentes con más de 25 años de servicio.
- Tampoco se garantiza el pago de la equiparación salarial a miles de docentes que faltan por cumplir este derecho y que alcanzaron sus títulos en educación.
- No se especifica los recursos para la adquisición de textos escolares que deben entregarse al inicio de cada año lectivo lo que permite colegir que el próximo año lectivo 2026-2027 se volverá a repetir la entrada tardía los textos y otros materiales escolares.
- En Infraestructura la planificación oficial para el 2026 prevé intervenir, en algún nivel, solo 267 instituciones educativas cuando solo en el régimen Costa–Galápagos existen: 5.411 planteles en estado regular, 1.090 en mal estado y 86 en deterioro total. Es decir, un año más sin una intervención global en infraestructura.
En medio de estas necesidades, es de conocimiento público que el Gobierno de Noboa NO ejecuta los recursos económicos de educación general (inicial, básica, bachillerato) y aún así presume haber incrementado el presupuesto para educación general lo que está por verse en el transcurso del 2026, ya que, por ahora, son recursos virtuales. Sobre todo con la experiencia del PGE 2025, donde se destinó USD 7.181.842.590,52 y únicamente se ejecutó el 52,23% (USD 3.751.945.258,25). El 47,77% (USD 3.429.897.332,27) no se devengó, mientras que para el pago de deuda externa sí se ejecutó el 76,42% (USD 4.460.688.761,00).
En el caso de la Educación Superior Pública, se reducen 128,8 millones que afectan directamente a 19 universidades del país, debilitando el sistema universitario y limitando el acceso, permanencia de estudiantes y desarrollo de la universidad pública.
Ante este escenario, desde UNE insistimos en que se declare a la Educación en Emergencia para garantizar y priorizar la ejecución de recursos y la protección de los derechos de la comunidad educativa. De lo contrario, el presupuesto será nuevamente dinero virtual por la incapacidad de gestión y la falta de voluntad política del Gobierno de Daniel Noboa.