El Gobierno ha llegado a un nuevo acuerdo para “recibir” USD 4.000 millones a consecuencia de los pactos de Servicio Ampliado de Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es de conocimiento público que el FMI antes de cada desembolso solicita a cada país nuevas condiciones de acuerdos, los cuales el Gobierno no ha dado a conocer. Cuidado, presidente, por debajo de la mesa se acordó temas como: eliminación de subsidios a las gasolinas, reestructuración de la seguridad social, flexibilización laboral, privatizaciones, ajustes a los GAD. Una vez que los resultados de la Consulta Popular y Referéndum rechazaron sus propuestas y las del FMI respecto al trabajo por horas y el arbitraje internacional. Si estas son las intenciones, el único camino que nos quedaría a los pueblos es la movilización, donde el Gobierno será el responsable de los acontecimientos que se puedan suscitar. El país debe al FMI USD 7.949 millones a diciembre de 2023, hasta el 2026 deberá pagar solo en abonos al capital aproximadamente USD 2.761 millones, que, como es de conocimiento, se lo puede hacer solo contratando nuevos créditos. Es decir, la nueva deuda es para “abrir un hueco y tapar otro”. Es menester señalar que el FMI prohíbe utilizar sus créditos para proyectos de inversión. Al igual que en seguridad el Gobierno no mira la problemática económica del país de manera amplia. No entiende que ninguna economía se sostiene solo ampliando deudas. Si no se impulsa la inversión y obra pública, prestamos a bajas tasas de interés, salud, educación, empleo continuaremos sumergidos en los diversos problemas económicos y sociales. Convocamos a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional que, en el marco de sus funciones constitucionales, exijan al Gobierno transparentar los términos de este acuerdo que ha sido negociado como siempre a espaldas del pueblo ecuatoriano.
