El reciente incremento del precio del diésel en Ecuador, producto de la eliminación de su subsidio en el marco de las exigencias del FMI, ha generado un efecto cascada que encarece la canasta básica, el transporte y los productos esenciales, reduciendo el salario real de los trabajadores y empujando a miles de familias a la pobreza. Esta medida, que ha detonado un paro nacional y un profundo malestar social, prioriza metas fiscales sobre la vida cotidiana del pueblo.
¿Hasta cuándo las familias ecuatorianas deberán cargar con el peso de decisiones que agravan la desigualdad y ponen en riesgo la estabilidad del país?