Crecimiento de la exclusión escolar, infraestructura deteriorada e inseguridad ahondan la crisis educativa en el año lectivo del régimen Costa – Galápagos

Al cumplir 18 meses del primer mandato de Daniel Noboa; 9 días del inicio del año lectivo del régimen Costa – Galápagos y al iniciar su segundo mandato, la Unión Nacional de Educadores expresa su profunda preocupación frente a las condiciones en las cuales “avanza” el año lectivo 2025-2026, algunas de ellas las señalamos:

1. Según cifras del propio Ministerio de Educación, este nuevo periodo movilizó a 2.335.265 estudiantes y alrededor de 115.000 docentes en aproximadamente 9.400 instituciones fiscales¹. No obstante, esta cifra representa una preocupante reducción de 44.199 estudiantes respecto al año anterior, cuando se registraron 2.379.464 matriculados.² Es posible evidenciar esta disminución una vez que ha finalizado la matrícula extraordinaria que estaba programada del 8 al 12 de mayo³. Es evidente que cada año lectivo menos estudiantes se matriculan sobre todo en la educación básica superior y bachillerato. Esta realidad no puede ser interpretada como una variación numérica entre niveles educativos, sino que constituye una alerta sobre las barreras sociales, económicas; problemas como migración, reclutamiento forzado a bandas delincuenciales que son los elementos de fondo que están excluyendo a niños, niñas y adolescentes del derecho a la educación. Razones por las cuales no hablamos de deserción, mas sí de exclusión.
2. En lo que respecta a infraestructura educativa, de acuerdo con el informe oficial del Ministerio, tras la temporada invernal, al menos 1.321 planteles presentan condiciones críticas de infraestructura⁴. Frente a esta emergencia, el Gobierno ha optado por acudir al financiamiento externo como el crédito de USD 100 millones otorgado por el Banco Mundial⁵ y ha anunciado una inversión estatal de USD 45,5 millones. Sin embargo, hasta el momento no se conoce si alguna institución de las 1.321 ha sido ya atendida o si el préstamo del Banco Mundial llegó ya a las arcas del Estado. Lo que sí existe es un crecimiento de planteles educativos en mal estado una vez que todos los niveles y sostenimientos están ya en actividades.
3. En el ámbito pedagógico, preocupa también que, pese al anuncio ministerial de impresión de más de 11 millones de textos escolares por un valor de USD 19,6 millones,⁶ su entrega no se haya realizado al inicio del año lectivo. La distribución tardía, estimada hasta en 70 días después del inicio de clases, obliga a docentes y estudiantes a desarrollar actividades sin materiales básicos, lo que contradice flagrantemente los principios de equidad y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. A eso se suma que los textos escolares no han sufrido un cambio profundo en sus contenidos.
4. En lo que se refiere al programa de alimentación escolar, con una cobertura prevista de 1,5 millones de estudiantes y una inversión de USD 84,73 millones, se presenta como una estrategia clave para combatir la deserción. Sin embargo, su lógica focalizada, que no alcanza a toda la población estudiantil del régimen Costa-Galápagos, revela una visión reduccionista del derecho a la alimentación escolar.
5. Respecto a la seguridad de los espacios educativos, a tan solo 4 días del inicio del año lectivo, tres profesores fueron secuestrados cuando se dirigían a dar clases en El Fortín, noroeste de Guayaquil.⁷ Además, 1.600 escuelas están a solo dos kilómetros de las cárceles, según el Gobierno⁸. Por ello, es urgente un Plan de Aulas Seguras para los 200 días del año lectivo para garantizar la seguridad en los espacios educativos y evitar que los estudiantes regresen a la virtualidad como está sucediendo con varios planteles educativos.
6. El régimen Sierra – Amazonía está finalizando clases y los USD 64 millones para la aplicación del proceso de escalafonamiento (Transitoria Trigésima Tercera -LOEI), que esperan aproximadamente 14 mil profesores, tampoco se ha ejecutado al igual que el pago a más de 10 mil docentes que se les adeuda la equiparación salarial. Esta realidad ahora se traslada al régimen Costa, donde tampoco se conoce si el Gobierno va a cumplir. Demandamos que en los ajustes que se realizarán al Presupuesto General del Estado, para estos últimos 6 meses que faltan para finalizar el 2025, se destinen los recursos necesarios para cumplir con los derechos del Magisterio que llevan suspendidos más de dos años.

Frente a este contexto, desde la Unión Nacional de Educadores, insistimos en declarar en emergencia a la educación, esto permitirá priorizar el uso de recursos económicos en educación. Exigimos el desdoblamiento de las partidas de los docentes jubilados o que han fallecido; aulas seguras mediante un plan que abarque los 200 días que dura el año lectivo; plan de reinserción escolar, ejecución de los procesos de escalafón y pago de la equiparación salarial a los grupos 7 y 8; sectorización docente sin filtros.