Ante las continuas desvinculaciones de docentes que se siguen registrando en varias provincias del Ecuador, pese al discurso oficial de revalorización docente del Ministerio de Educación. Denunciamos el despido de una maestra con ocho meses de embarazo en la ciudad de Quito, cuyo nombramiento provisional fue terminado el 31 de enero de 2026, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad: sin trabajo, sin salario, sin afiliación al IESS, sin cobertura médica, con controles prenatales semanales y a pocas semanas de dar a luz, sin ningún respaldo institucional.
Esta acción vulnera gravemente los derechos constitucionales de la docente y desconoce la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en sentencias como la 3-19-JP/20 y acumulados, 2903-19-EP/24, entre otras, que reconocen que las mujeres embarazadas con nombramiento provisional gozan del derecho a la protección laboral reforzada.
Mientras el Gobierno habla de fortalecimiento del sistema educativo, en la práctica se continúa despidiendo docentes, incluso a quienes forman parte de grupos de atención prioritaria. Esta situación se agrava si se considera que el Ecuador mantiene desde hace años un déficit aproximado de 64.000 docentes, según estudios de la UNAE, y que los datos abiertos del propio Ministerio de Educación evidencian que más de 40.000 profesores se encuentran en condiciones de inestabilidad laboral.
A ello se suma que más de 18.000 docentes han salido del magisterio en los últimos años lectivos por jubilación, renuncia o fallecimiento, sin que sus partidas hayan sido debidamente reemplazadas, recurriendo al desdoblamiento de partidas, como lo establece el artículo 169 de la LOEI.
En este contexto, la UNE denuncia que los 789 nombramientos entregados recientemente junto al presidente Daniel Noboa corresponden, en una proporción significativa, a docentes que ya se encontraban laborando bajo nombramientos provisionales u otras figuras contractuales. Esta práctica provoca nuevos despidos, que hoy se intenta justificar mediante tecnicismos administrativos denominados “desvinculaciones”.
Como evidencia, la UNE adjunta memorandos titulados “NOTIFICACIÓN TERMINACIÓN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL”, emitidos el 31 de enero de 2026, recibidos en las últimas semanas, incluido el caso de nuestra compañera embarazada, lo que demuestra que las acciones de personal entregadas provienen de docentes a los que se hace referencia. Estas decisiones no hacen más que profundizar el déficit de maestros en el sistema educativo público.
Señora Ministra, como lo hemos señalado en las dos reuniones de trabajo sostenidas, si el Gobierno realmente busca enfrentar de manera adecuada el déficit docente, exigimos la adopción inmediata de las siguientes medidas:
- Dejar sin efecto el oficio de desvinculación de la maestra embarazada y disponer su restitución inmediata a su puesto de trabajo, manteniendo su vínculo laboral como docente con nombramiento provisional en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Otorgar nombramientos definitivos a los docentes con más de tres años de servicio que actualmente se encuentran bajo nombramientos provisionales o contratos.
- Reemplazar el proceso de Educa Empleo, priorizando la aplicación de los artículos 169 al 181 de la LOEI, relativos a los Concursos de Méritos y Oposición para llenar vacantes de docentes públicos.
- Desdoblar u homologar las partidas correspondientes a jubilaciones, conforme lo establece el artículo 169 de la LOEI.
Esto no se trata únicamente de despidos. Se trata de una forma de violencia estatal, de una amenaza directa a la salud de una madre y de su hijo por nacer, y de la eliminación del sustento económico de decenas de docentes y sus familias.