Mónica Palencia, ministra del Interior, junto al Bloque de Seguridad del Gobierno anunciaron que no permitirán el ingreso al Centro Patrimonial de Quito frente a las movilizaciones convocadas por diversas organizaciones sociales, entre estas, el FUT, UNE, Frente Popular y el movimiento indígena para este 21 de noviembre en todo el país.
Este accionar reafirma el carácter represivo y autoritario del Gobierno de Noboa, quien además, a través del Ministerio de Defensa, destina USD 6.8 millones para adquirir 280 mil granadas de gas lacrimógeno. Mientras se necesitan recursos para el mantenimiento del parque termoeléctrico o para ejecutar la Transitoria Trigésima Tercera de la LOEI (escalafón) a más de 15 mil profesores, pago de la equiparación salarial a más de 10 mil profesores excluidos, cancelación de la mora patronal o sueldos adeudados por 10 meses a maestras del MIES, entre otras necesidades en salud, seguridad y trabajo.
Desde la Unión Nacional de Educadores denunciamos esta actitud represiva y amenazante de parte del Gobierno con un pueblo que sale a las calles en rechazo a su gestión que ha generado una grave crisis energética, económica y social.
Esperamos que estas declaraciones no sean una antesala para iniciar un proceso de criminalización a la lucha social violentando el derecho a la protesta estipulado en el artículo 166 de la Constitución.
Con la misma rapidez y saña deberían actuar para reprimir a los grupos delincuenciales enquistados en barrios, espacios educativos o en las propias instituciones del Estado y Gobierno.
Comité Ejecutivo Nacional – UNE