La Unión Nacional de Educadores al país: Caso Metástasis
Durante 2023 más de 200 mil niños, niñas y adolescentes, abandonaron las aulas, según el INEC, a causa de la pobreza en sus hogares, más de 400 fueron asesinados al estilo sicariato y cientos se han unido a las mafias criminales. En este contexto el operativo “Metástasis” evidencia el grado de injerencia que tiene el crimen organizado en instituciones del Estado que deberían aportar de forma eficiente a enfrentar la crítica realidad social que vive el país. Pero, es todo lo contrario, pues varios funcionarios judiciales, fiscales, abogados, autoridades locales y policías, han sido cooptados por el narcotráfico, lo que evidencia que los tres últimos gobiernos tienen niveles de responsabilidad directa en lo que sucede.
La Unión Nacional de Educadores exige que las investigaciones iniciadas por la Fiscal General de Estado se profundicen y se juzgue a todos aquellos, servidores públicos o no, que han hipotecado la seguridad del país. De la misma manera exigimos que aceleren las investigaciones y el juzgamiento de otros casos en los que exfuncionarios y familiares del expresidente Lasso se encuentran involucrados.
Exigimos que las autoridades del Estado se comprometan en realizar un proceso de evaluación y control de sus funcionarios. El Consejo de la Judicatura debe declarar en vacancia la presidencia del organismo y el presidente subrogante, Álvaro Román, deberá convocar al pleno del organismo para iniciar un proceso de evaluación de los funcionarios judiciales y declarar nulo el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. La Asamblea Nacional tiene la obligación de iniciar los procesos de fiscalización a las distintas funciones del Estado, especialmente a los entes de seguridad como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No debe haber ni perdón, ni encubrimiento ni ningún acto inmoral e ilegal que favorezca a los corruptos.
Hacemos un llamado para que la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, inicien los exámenes y controles a los patrimonios de los exgenerales de las Fuerzas Armadas y Policía, exfiscales provinciales, jueces nacionales, provinciales y de primera instancia, abogados sospechosos de participación en redes delincuenciales.
Únicamente la acción decidida de la ciudadanía, podrá empujar un verdadero cambio en las instancias estatales, que permita la depuración de los elementos que se encuentran contaminados por el narcotráfico y el crimen organizado, que cada día copta o asesina a jóvenes, mujeres, trabajadores, quienes, en el fondo, son víctimas de toda la violencia criminal instaurada en el país. No podemos ser espectadores, sino que debemos actuar, hacer evidente que el pueblo ecuatoriano y trabajador es la garantía de combate contra la corrupción y el crimen organizado.