Quito, 18 de junio de 2025
Dra.
Alegría Crespo
Ministra de Educación
Señora ministra:
Desde la Unión Nacional de Educadores le hablamos como profesores que cada día, a pesar de los contextos de violencias que afectan a las instituciones educativas, sostenemos con nuestras manos y esfuerzo a un Sistema Nacional Educativo que el Estado ha abandonado desde años atrás.
Desde el 25 de abril de 2024 estamos solicitando reuniones, espacios de diálogo, puentes de trabajo conjunto. Lo hacemos con el objetivo de que usted, como máxima autoridad educativa del país, escuche las denuncias de quienes enseñamos en medio de espacios educativos tomados por diferentes tipos de violencia y afectados por una crisis que ha dejado de ser circunstancial para convertirse en estructural. Sin embargo, en lugar de escucharnos se responde mediante comunicados de prensa, donde el papel y redes sociales aguantan todo. Cuando por fin se han pronunciado frente a un caso específico, ha sido para decir que “exageramos”, que nuestras cifras son “falsas”.
Señora ministra, lo que usted llama exageración, nosotros llamamos realidad, que desde su cartera de Estado busca ser reducida a un enfoque orientado a la comparación y la “estadística”, en detrimento de políticas sociales y respuestas educativas y de seguridad integrales. Usted dice que en la Zona 8 hay 1.800 docentes y que solo 28 han reportado amenazas, que han trasladado a 25, que se han registrado ocho renuncias de docentes asociadas a situaciones de inseguridad. ¡Solo ocho! ¿Desde cuándo se normalizó que los docentes renuncien a sus cargos para precautelar su seguridad, su vida y la de sus familias? ¿Desde cuándo el abandono del Estado se acepta como algo natural? Es por eso y entre otros tópicos que rechazamos el boletín de MinEduc publicado el jueves 12 de junio de 2025, denominado: Seguridad Educativa en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón): Compromiso Firme con la Seguridad Escolar.
Está claro que no solo nos están extorsionando, intimidando o secuestrando. Hoy, para sobrevivir, las y los docentes del Ecuador también estamos renunciando a nuestra profesión con la cual mantenemos a nuestras familias y hemos aportado en la enseñanza y aprendizaje de decenas de generaciones. Esta realidad estaba escondida y, producto de la denuncia pública de UNE realizada sobre los niveles de violencia en la Zona 8, se evidencia como un síntoma brutal de la ausencia del Estado. La docencia se ha convertido en una profesión de alto riesgo en varios territorios del país y, por eso, exigimos que sea reconocida así de manera oficial. Cuando se pierde a un profesor, pierde el país; pierden nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Pierde el presente y el futuro.
Esas ocho renuncias no son solamente números. Son vidas rotas, carreras truncadas, familias desgarradas por el miedo. Y son apenas una muestra, pues vale preguntarnos: según los “datos oficiales”, ¿cuántos planteles educativos más están cerrados y cuántos docentes más han renunciado en las otras ocho zonas del país? Lo ratificamos, ministra: hemos recibido más de 200 denuncias de maestras y maestros que han tenido que acudir a su organización porque el Estado – Gobierno no tienen ni capacidad, ni voluntad política para protegerlos. Algunos han presentado sus denuncias en la Fiscalía. Otros, en su mayoría para proteger su vida, han optado por el silencio. ¿Usted sabe lo que significa tener que callar para seguir vivo o poder “trabajar”?
En apenas un mes: tres profesores fueron secuestrados en Guayaquil; un docente fue encontrado sin vida en Machala; una maestra fue baleada dentro de su plantel, en Esmeraldas; una pareja fue asesinada frente a una escuela; en el cantón Rumiñahui intentaron secuestrar a un estudiante; un profesor en Quito, luego de varios días desaparecido, fue encontrado asesinado. Ojalá estas muertes no sean minimizadas y normalizadas como usted lo está haciendo en sus declaraciones al señalar: “que a nadie le van asesinar de buenas a primeras”, o que ˝quien con lobos se junta aprende a aullar”. Esperamos que esos calificativos no estén dirigidos a nuestros docentes ni mucho menos a nuestra niñez y adolescencia.
Sra. ministra. Le recordamos que, también en palabras y cifras suyas, en una entrevista radial, del 18 de diciembre del 2024 en FM Mundo, usted reconoció que hasta finales de 2024 había 448 casos de extorsión en instituciones educativas y que los lugares más afectados son las zonas 5 y 8. De seguro, esta cifra ya no es la misma, ya que el país vive una creciente ola de inseguridad que no da tregua, ha crecido y se está tomando los espacios educativos de manera más violenta. Entonces, ¿quién dice la verdad?
Ahora nos dicen que el programa “Comunidades Educativas Seguras y Protectoras” atiende a medio millón de estudiantes, cuando hay más de cuatro millones en el sistema educativo. ¿Y los otros 3,5 millones? ¿Y los miles de docentes? ¿Y sus familias?
Señora ministra, no estamos pidiendo favores o prebendas políticas. Estamos exigiendo justicia, seguridad y dignidad para quienes, a pesar de todo, seguimos educando. Si el Estado no asume su rol en defensa de la seguridad, los actores educativos y la escuela pública con la UNE tendremos que desarrollar diferentes acciones de movilización para defender el principal derecho humano que es el derecho a la vida.
Es hora de atender este tercer llamado de diálogo que la UNE le realiza con el fin de encontrar respuestas objetivas y para evitar que fracase el programa “Comunidades Educativas Seguras”, que ahora usted encabeza, como ha sucedido con los anteriores programas denominados: aulas y/o comunidades seguras, que han fallado, precisamente, por no hacer partícipes a las familias, estudiantes, docentes, comunidades, medios de comunicación, entre otros actores sociales que han sido reemplazados por tecnócratas.
Nuestro pedido es claro: ¡diálogo social ya, para declarar en emergencia a la educación! Además, para construir un Plan de Reinserción Escolar que permita el regreso a las aulas de nuestra niñez y juventud excluida del derecho a la educación. En usted está fijar hora y fecha. Con gusto volveremos a llevar nuestras propuestas enviadas meses atrás, así como los diferentes casos de extorsión y violencia. La visión que amerita posicionarse frente a esta realidad que afecta a todo el país, no es la de contabilizar cada caso y peor normalizarlos, es necesario entender que estamos hablando de vidas humanas.
Atentamente;
Andrés Quishpe Gabriela Menéndez
Presidente Nacional UNE Presidenta UNE – Guayas